Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó / Profesor Investigador de la UPAEP
Andorra se ha convertido en noticia en el entorno fiscal financiero en los últimos días, tanto por la información que se hizo viral de varios youtubers españoles que han decidido cambiar su residencia mudándose hacia ese pequeño principado –ubicado entre España y Francia– y porque el sábado pasado se reportó que confiscaron dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que aparentemente 23 empresarios mexicanos depositaron en el Banco Privado de Andorra.
Se debe considerar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ya contaba con información que involucraba a diversos personajes que ejercieron cargos públicos en administraciones anteriores, quienes habían enviado recursos al sistema financiero de Andorra en montos muy elevados.
Una vez detectado estos movimientos, desde hace más de un año, las autoridades de justicia de aquel país interactuaron con sus pares para informarles el rumbo de esta investigación.
Así se sabe que varios exservidores públicos tenían depositados montos muy considerables y fuera del rango de los ingresos recibidos por desempeñar sus funciones.
El mecanismo de transferencia era utilizar herramientas de ingeniería financiera, que a través de consultorías y despachos de abogados utilizaban una maraña legal para transferir recursos a ese principado, para de allí dispersarlo hacia otros paraísos fiscales, y es entonces donde surge el siguiente invitado de este entramado: Juan Collado.
El personaje –quien se encuentra preso desde julio de 2019–es un influyente abogado mexicano que ha defendido a poderosos y cuestionados miembros de la élite gobernante de nuestro país, como el líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps (con quien se encontraba comiendo cuando lo detuvieron); el exgobernador de Quintana Roo, el priísta Mario Villanueva y a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Juan Collado es la pieza clave para esta confiscación, debido a que se han encontrado relaciones muy sólidas que lo señalan como el encargado de realizar los movimientos de dinero con fines de evasión y que puede ser el socio de paja de personajes influyentes de la política, así como del ámbito empresarial.
Hay una vieja historia que parece confirmarlo: Juan Collado era investigado entre 2006 y 2015 en Andorra por lavado de dinero y se le acusaba de ocultar 120 millones de dólares.
Sin embargo el excoordinador general de Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Alberto Alcántara Martínez, viajó varias veces a Andorra ayudándolo a archivar la causa contra el abogado, por medio de declaraciones juradas que avalaban su honestidad, de ahí que la causa fue sobreseída… hasta ahora.
Juan Collado –quien entre otros de sus clientes se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto– es aparentemente un prestanombres de muchas personas que cuentan con dinero que tiene dudosa procedencia, el cual puede involucrar a nombres muy importantes, lo que permitiría desenmarañar esta red de corrupción, dando como resultado que los culpables lleguen a la cárcel, requisándoles el dinero mal habido.
De ahí la última reflexión: no se necesitan consultas populares para preguntarle al pueblo si se debe juzgar a un corrupto, únicamente la aplicación de la ley, una investigación sólida y pruebas contundentes para tener justicia.
