Por obras y contratos desmesurados, opacos y con evidente corrupción, la deuda pública de Puebla alcanza el doble de lo que los gobiernos morenovallistas habían aceptado en su momento; suma al menos 48 mil 290.6 millones de pesos.
Así lo indicó la administración estatal ayer, cuando entregó al Poder Legislativo local el Segundo Informe de Gobierno.
El adeudo millonario benefició a una élite política de unos cuantos; “las y los poblanos tienen el derecho a saber la verdad de la deuda pública”, indica el comunicado oficial emitido luego de entregados los cuadernos que integran el informe de acciones de los más recientes 12 meses.
El monto corresponde a deuda pública directa, deuda contingente, Bonos Cupón Cero, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), obligaciones de pago referentes a Audi, edificación de Centro Integral de Servicios, Museo Internacional Barroco y operación la Red Urbana de Transporte Articulado RUTA, entre otros compromisos adquiridos por las administraciones encabezadas por gobernadores panistas.
El Segundo Informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta, indica que, desde el inicio de su administración se establecieron las bases de una política fiscal sólida que ayude a la óptima relación entre el ingreso y el gasto.
Durante la gestión, no se ha contraído deuda y los recursos disponibles se han gastado con responsabilidad y de manera transparente, afirma.
“Se depuraron cuentas bancarias y se revisaron los fideicomisos para proponer las extinciones que correspondan.
En este gobierno, se acabó la burocracia dorada, los derroches y los dispendios”, agrega.
Para combatir la impunidad, asienta, se han presentado 12 denuncias por un monto de mil 259 millones 392 mil pesos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado.
Además, se investigó a 166 personas físicas y morales sobre probables delitos fiscales e irregularidades por 2 mil 766 millones 836 mil pesos, asienta.
Piden acciones en empleo y salud
Diana López Silva
Legisladores locales emitieron la postura política de sus partidos al recibir el segundo informe anual de Miguel Barbosa Huerta como gobernador de Puebla.
Por los diputados que se han desligado de partidos, Hugo Alejo Domínguez señaló certidumbre política en un escenario adverso marcado por la pandemia de COVID-19 que requiere acciones conjuntas de gobierno y sociedad y pidió refuerzo en seguridad y empleo; en esto último coincidió Armando García Avendaño, por el PRD.
Uruviel González Vieyra, del partido Compromiso por Puebla exhortó a garantizar condiciones para cubrir las necesidades de la sociedad afectada por la pandemia.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México Juan Pablo Kuri Carballo marcó la importancia del diálogo, la participación y la corresponsabilidad social para hacer frente a los retos y destacó que Puebla sea primer lugar nacional en crecimiento industrial por un incremento de 65% en la industria manufacturera y 32.8% en la construcción, más la generación de 6 mil 304 nuevos empleos en octubre en comercio, construcción, transformación y servicios.
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que la sociedad actual demanda un gobierno responsable y que los actores políticos privilegien la paz. Oswaldo Jiménez López, del PAN, criticó la gestión y desafió:“Cálleme con obras, cálleme con acciones”.
La priista Josefina García demandó obras por las que se reconozca al gobierno actual.
En Función Pública, ratificación
El Congreso del Estado ratificó ayer, con 30 votos a favor, el nombramiento de Amanda Gómez Nava a la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado.
En sesión plenaria en línea, los diputados avalaron la designación en relevo de Olivia Villaseñor Rosales, quien se separó del cargo el 29 de octubre de este año.
La egresada de la facultad de contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue titular de Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en el SAT con sedes en Nayarit, Puebla y el Estado de México.
En Edomex, también laboró en la Secretaría de Finanzas y Planeación y en la Dirección General de Fiscalización como supervisora de Auditoría Fiscal, subdirectora de Programación de Auditorías y jefa de Programación de Auditoría Fiscal.
Ha impartido cátdera universitaria de derecho fiscal, auditoría fiscal y gubernamental, así como seminarios de costos y de finanzas.
Prioritario, recuperar la seguridad
Recuperar la seguridad pública e impulsar el desarrollo regional estratégico es prioridad para el actual gobierno estatal, indicó el gobernador Miguel Barbosa al difundir el segundo informe anual de su gestión.
Subrayó que “se tiene una administración estatal austera y transparente, que rinde cuentas y combate frontalmente a la corrupción”.
Afirmó que el Gobierno del Estado ha luchado contra la pandemia de COVID-19, a fin de garantizar la vida y la salud de la población.
Sostuvo que ninguna persona se ha quedado sin atención médica, y que el sistema de salud en Puebla se ha mejorado y se seguirá fortaleciendo: “la pandemia no nos va a desbordar, sabemos lo que hacemos y actuamos con responsabilidad”.
Aseguró que su gobierno aplica la ley, “no simula y enfrenta de manera directa a los criminales, dando duros golpes a la delincuencia organizada, al huachicol y al narcomenudeo, y llevando a cabo acciones para evitar los feminicidios”. Ello, dijo, con base en legalidad y respeto a derechos humanos.
