Por: Guadalupe Juárez
Patricia Becerril está dispuesta a pagar la renta de la casa donde su hija Zyanya Figueroa, de 26 años, vivió sus últimos días. Quiere preservar la escena de lo que pudo ser un crimen y no un suicidio, como ha sido la versión oficial de la Fiscalía General del Estado.
El 15 de mayo de 2018, Patricia Becerril y Martín Figueroa recibieron por teléfono la noticia de que su hija había muerto, que se había suicidado. En la prensa circulaba una supuesta carta póstuma que les hizo sospechar que la habían asesinado.
En la forma de expresarse no había rastros de la mujer que criaron en Ciudad de México y que era residente en el Hospital del Niño Poblano.
A tres años de la llamada, cuando ya cuatro forenses determinaron que el cuerpo de Zyanya no parece haber estado suspendido, como se lee en la investigación, y un perito determinó que la carta póstuma era apócrifa, un juez de control ordenó regresar a los dueños la casa rentada, ubicada en el Fraccionamiento Camino Real.
La orden se da sin llevar a cabo la reconstrucción de los hechos que pide la familia y sin que el caso se investigue como feminicidio.
La madre de Zyanya llegó ayer a la casa que rentaba su hija para pedir a las autoridades frenar la diligencia y, en caso de que quiten el resguardo policial, ofrecer pagar la renta a los dueños, quienes pidieron a un juez devolución del sitio.
“Sé que los dueños tienen derecho a recuperar su inmueble, no ha sido nuestra intención que esto se haya alargado. Estamos molestos por la simulación de este caso y vamos a ver qué procede”, dijo afuera del inmueble que aún tiene los sellos de la Fiscalía y una patrulla municipal en la entrada.
Patricia Becerril estuvo acompañada de asesores legales del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y la activista Irinea Buendía, quien logró que tras el caso de su hija asesinada Mariana Lima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera que en todo el país las muertes violentas de mujeres se investigaran como feminicidios.
Uno de los asesores de la familia de Zyanya, Carlos Olivera, explicó:
“Este caso está plagado de omisiones, no hemos tenido una investigación seria ni con perspectiva de género”, acusó.
Recordó que fueron levantados cuatro indicios de feminicidio, cuando había entre 70 y 90; se dañó una muestra de sangre de Zyanya y no se revisó si había sido víctima de abuso sexual, como lo marca el protocolo para casos de muertes violentas de mujeres.
De hecho, acusan que la familia ha sido revictimizada: a sus padres y hermano los han sometido a exámenes para “estudiar” el entorno de Zyanya, pero no así se investigó en su círculo cercano, ni a sus compañeros en el hospital ni roomies.
El 11 de mayo, un juez federal le ordenó a un juez local indicarle a la Fiscalía General del Estado verificar que las diligencias se hagan con perspectiva de género.
“Hay muchas negligencias en la necropsia, en varias pruebas que se le hicieron a Zyanya. (…) No podemos permitir que la fiscalía no investigue, porque esto permite que la impunidad siga”, lamentó.
