Son 233 lotes los que se encuentran en zonas prohibidas y de riesgo por el paso de gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) o vías férreas de Grupo México Transportes (Ferromex) en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, perteneciente al municipio de Puebla.
Así lo informó Igor Emilio Ferrer Acuña, titular de la Dirección de Bienes, Muebles e Inmuebles del estado, quien explicó que según la normativa vigente desde 2016, establecida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Puebla, cualquier uso habitacional debe encontrarse a 50 metros de ductos de Pemex y 30 metros de vías de Ferromex.
Luego de un mapeo realizado entre la dependencia y datos de Pemex, se concluyó que 96 lotes se encuentran sobre el Derecho de Vía de Pemex y 38 sobre el de Ferromex.
Anteriormente, el funcionario reveló que se habían detectado 228 viviendas construidas en zonas prohibidas, y de estas 77 cuentan con predial y 151 se encuentran sobre derecho de restricción.
De este tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta abundó que de estos domicilios los que resultaron con afectaciones no podrán ser reconstruidos por estar edificados sobre Derecho de Vía. Sin embargo, abundó que se analiza la posibilidad de reubicar a las familias afectadas en zonas como El Batán o Flor del Bosque.
Señaló que el programa de regularización de predios se extenderá a todo el estado. Tan sólo en el caso de la junta auxiliar, el ayuntamiento capitalino detectó que son 144 los domicilios sin legalizar.
Por otra parte, el secretario de Infraestructura en Puebla, Daniel Gámez Murillo, expuso que al ingresar a dos de las siete viviendas en la zona afectada, de las que no se tenía contacto con los dueños, la cifra de casas dañadas incrementó a 193 con daños menores, de las que fueron liberadas 150.
Agregó que de las 64 clasificadas como irreparables, 23 ya fueron demolidas.
El perímetro asegurado, denominado “Zona Cero”, se mantiene en 11 mil 136 metros cuadrados, y 31 mil 719 de la zona naranja.
Ayer fue presentado el programa “Puebla te cuida, Puebla repudia la delincuencia”, que tiene como finalidad transparentar los recursos destinados a las familias afectadas por la serie de explosiones de una toma clandestina de gas LP y que serán 100 millones de pesos.
Se prevé entregar insumos para la restauración de viviendas con daños menores, y la indemnización de hospitalizados, fallecidos y de quienes perdieron sus casas.
