Germán Campos Ramos / Guadalupe Juárez
¿Quién tiene acceso al cuerpo de tus hijos menores de edad?
¿Quiénes los bañan, lo cambian?, ¿en qué lugar los dejas solos con otros?
En ocho de cada diez abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes, el perpetrador vive en la misma casa, es pariente o “de confianza” y a la víctima que pide auxilio se le acusa de mentir y hasta “tratar de destruir a la familia”; se guarda silencio, se solapa al abusador, se castiga al menor.
Y éste, amenazado, en abandono de quienes deberían protegerlo, afectado y en continua ansiedad, crece y hasta que es adulto o independiente puede hablar sobre el asunto y, con ayuda terapéutica, resolver una cadena de problemas profundos que ha cargado desde entonces.
Que Puebla haya cambiado el marco legal para que no prescriban los delitos sexuales abre la puerta para resarcir a estos menores.
Esto lo puntualiza, en entrevista con Crónica Puebla, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, al aplaudir que en esta entidad se abra una puerta al resarcimiento que requiere toda víctima de abuso sexual infantil.
Esto es, que para comenzar el proceso de sanar, un sobreviviente de abuso sexual infantil –así se le denomina, porque la carga de secuelas emocionales y físicas es tan fuerte que les impide vivir en plenitud y, en casos graves, desembocan en muerte– requiere elementos precisos.
El principal: para sanar interiormente, “necesitan la resolución de que no fueron responsables de haber sido agredidos, que no fue su culpa por la forma en que vestían ni por el lugar en que estaban o por los juegos, como les hicieron creer”.
La propia familia y el entorno social culpa a las víctimas de “provocar” al perpetrador, que es varón en nueve de cada 10 casos. “Y ahí pesa la cultura machista: el varón tiene la fuerza física y el poder sobre mujeres y niños y, hasta se le justifica como alguien que no puede frenar sus impulsos sexuales”.
Ese argumento es un lastre histórico. “La normativa del derecho romano consideraba un paterfamilia, dueño de ganado, semillas, mujeres y descendencia, por supuesto, de esclavos; todos eran su propiedad”.
Ese resabio genera la noción de que los niños son objetos de posesión familiar y, para los varones, objetos de deseo sexual, precisa Pérez García.
Cuando se duda de la palabra del niño que ha sido víctima de abuso sexual, se le niega su derecho a la justicia; por condición de desventaja por edad, dependencia económica o emocional al entorno donde se realizó la agresión, hay casi nulas condiciones para realizar la denuncia, agrega.
De hecho, las víctimas pueden nombrar como violencia sexual lo que les ocurrió hasta que son adultos o cuando adquieren autonomía, advierte.
La modificación a leyes en Puebla da oportunidad de que el Estado proteja a niños, niñas y adolescentes a quienes les falló su propia familia.
Falta mucho para lograr justicia. Sólo en tres de 100 carpetas de investigación hay sentencia. Y favorece al perpetrador.
Pero la falta de equivalencia humana, este creerle al adulto antes que al niño, permite la impunidad, asienta el especialista.
“La ley no cambia la realidad, pero ayuda a dar un marco de actuación para las instituciones: programas, políticas públicas y personal especializado para atender a las víctimas”.
Así que este es un inicio para que el Estado responda con justicia para quienes fueron ultrajados por familiares, sacerdotes, entrenadores en su propia casa, escuela o centro deportivo o iglesia que era un “lugar seguro”.
Hostilidad y obstrucción
El niño o la niña víctima de abuso, violación u otro delito sexual, y llega a denunciar, las personas que le tendrían que darle acceso a la justicia los cuestionan con tono amenazante, los regañan y señalan de haber sido responsables de la agresión.
Al resto de las víctimas de delitos sexuales, sin importar su edad, también les va mal cuando denuncian, de acuerdo con el Monitoreo a Agencias del Ministerio Público Fiscalía General del Estado de Puebla julio 2019 a marzo 2020.
El estudio fue elaborado por México Unido Contra la Delincuencia y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.
Los obstáculos inician desde la puerta de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, con el trato hostil del personal, que hace que la víctima relate hasta en tres ocasiones su caso. En el resto de los delitos, sólo se cuenta una vez.
Cada vez que pasan con algún funcionario, cuentan lo sucedido, muestran y otra vez su credencial y comprobante de domicilio, si no los llevan, deben regresar de nuevo y repetir el mismo proceso.
Tampoco hay personal médico las 24 horas para que emita los dictámenes; los afectados deben regresar en el horario laboral del médico para que reciban atención.
Cuando se logra la revisión médica, sólo a uno de cada 10 le explican qué pasa con sus lesiones o de qué tipo son.
Si es un varón el agredido, al iniciar la carpeta de investigación, los agentes del Ministerio Público le advierten: “si mientes, te vas a ir a la cárcel”.
En ningún momento se les informa que tienen derecho a ser acompañados en el proceso por un asesor jurídico o que pueden estar con alguien de su confianza o ser atendidos por funcionarios de su mismo sexo.
A mujeres víctimas de violación no les explican por qué deben hacer oficios y que las atiendan en el Hospital de la Mujer.
Y A QUIENES LES ROBAN EL AUTO…
Cuando una víctima llega a la unidad de investigación especializada en robo de vehículos se encuentra con el caos. En la entrada no hay quién le indique a dónde dirigirse, tiene que gastar de su dinero para sacar copias de los formularios que debe llenar, porque ahí no tienen los insumos necesarios para atenderlo.
Si tiene suerte y encuentran su vehículo, debe de llevar al perito al lugar donde está el auto y regresarlo a donde lo recogió, de lo contrario, sin su peritaje, no puede reclamar el auto.
Por eso, son los afectados quienes presionan a los peritos para que entreguen informes, porque de no hacerlo, ellos no les dan seguimiento.
Los ministerios públicos entregan oficios a las víctimas y ellas tienen que convertirse en mensajeras para llevarlos a donde se le indique.
A los policías ministeriales les tienen que dar dinero para que investiguen. No los denuncian por temor de que lo avance su caso.
