¿Quiénes son realmente los Jenkins? ¿Filántropos o delincuentes?

En los últimos meses, la prensa mexicana e inter­nacional ha reportado in­tensamente sobre el caso de la familia Jenkins, hoy prófuga de la justicia mexicana por haber cometido un desfalco de más de 700 millones de dólares en con­tra de la sociedad poblana.

La noticia más reciente es que el pasado 4 de junio, un Juez de Control del Estado de Puebla emitió órdenes de aprehensión en contra de varios miembros de la familia Jenkins y sus abogados, sumándose a las que ya existían en contra ellos desde febrero de este año por lavado de dinero.

¿Pero, quiénes son los Jenkins y por qué están siendo persegui­dos por las autoridades federales y el Estado de Puebla?

1. La historia de William O. Jenkins y la Fundación Mary Street Jenkins

Para contar la historia de la fami­lia Jenkins –que hoy es prófuga de la justicia– es necesario remon­tarnos a la biografía del señor Wi­lliam O. Jenkins, ciudadano ame­ricano que nació en 1878 en Ten­nessee, en una familia que no te­nía recursos económicos, y murió en Puebla en 1963, como uno de los hombres más ricos de México.

William Jenkins se casó en 1901 con su compañera de uni­versidad, Mary Street. Ese mis­mo año, la pareja visitó México y William consiguió un trabajo co­mo mecánico, por lo que decidie­ron mudarse a nuestro país. En 1905 se mudaron a Puebla, don­de más tarde iniciaría una em­presa textilera que lo haría ama­sar gran parte de su fortuna, y donde crearía más tarde la fun­dación que hoy es tristemente cé­lebre por ser víctima de los des­cendientes de su fundador.

Durante su vida, Jenkins fue un hombre de trabajo, se desem­peñó como agricultor, industrial, empresario y filántropo, sin em­bargo, la industria que le dio no­toriedad en nuestro país, fue la ci­nematográfica, comenzó con la adquisición de una sala de exhi­bición en la Ciudad de Puebla en 1939, hasta llegar a controlar el 80% de los cines del país, a tra­vés de la Compañía Operadora de Teatros S.A., no obstante ello, la diversidad y relevancia del resto de sus negocios fue inconmensu­rable, sin dejar de mencionar su cercanía con las figuras políticas más relevantes de su época, par­ticularmente del presidente Ávi­la Camacho.

En el año de 1954, una déca­da después del fallecimiento de su esposa, Jenkins decidió crear una fundación en su memoria, destinada a realizar obras de ca­ridad, con la finalidad, según sus propias palabras, “de hacer todo lo que tendrá como resultado el mejoramiento del nivel de vida, tanto moral como material, de los habitantes de este nuestro es­tado de Puebla.”

El señor Jenkins quería que la fundación quedara establecida a perpetuidad, por lo que determi­nó como regla en sus estatutos, que el capital de la institución no debía ser utilizado por ningún motivo y que los actos de bene­ficencia debían provenir única­mente de los intereses o produc­tos generados por ese capital.

Inicialmente, se encomendó la administración de la fundación a 5 patronos, entre los cuales esta­ba el propio señor Jenkins, quien permaneció en su cargo como presidente del patronato hasta su muerte en 1963.

En su testamento, el señor Jenkins ordenó que todos sus bienes pasaran a propiedad de la fundación. De manera relevante y poco común, Jenkins estableció de manera tajante y clara que no dejaría nada a sus descendientes, pues en sus palabras, extraídas directamente de su testamento:

“siempre ha tenido la fir­me convicción que en bien de sus hijos, los padres no deben dejarles grandes for­tunas como herencia, si­no más bien enseñarlos y ayudarlos a trabajar pa­ra que ellos mismos ganen lo que necesiten, teniendo la creencia el propio señor testador, que nadie, con ca­pacidad para trabajar, de­be gastar dinero que no ha­ya ganado por su propio esfuerzo, y siguiendo este principio manifesta que no es su voluntad dejar a sus hijos riquezas ni fortunas sino más bien ayudarlos a trabajar para que puedan hacer su porvenir con su propio esfuerzo, y declara que es expresa su volun­tad no dejar a sus hijos herencia alguna.”

Hasta este punto son claras dos cosas: primero, que el señor Jenkins quería que el patrimonio de la fundación Mary Street Jen­kins prevaleciera en el tiempo, se­gundo, que de ninguna manera quería que sus descendientes se vieran beneficiados en modo al­guno por esas riquezas.

1. La historia del desfalco

Sin embargo, sus hijos y nietos, tan cercanos a una fortuna de miles de millones de pesos, no se iban a quedar de brazos cru­zados. Se sintieron con el dere­cho de apropiarse del dinero de la fundación, por lo que contra­taron a unos abogados de dudo­sa reputación –Alejandro Gonzá­lez Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, hoy prófugos de la justicia– para ayu­darles a generar un esquema que les permitiera “darle vuelta” a la ley, al testamento del señor Jen­kins y a los propios estatutos de la fundación para hacerse dueños de los abundantísimos bienes y recursos que a su muerte dejó su padre y abuelo, respectivamente.

Guillermo Jenkins de Landa, uno de los nietos de William O. Jenkins, se opuso a estas estra­tegias, por lo que un primer pa­so para el desfalco ocurrió en ju­nio de 2013, cuando los demás miembros de su familia y del pa­tronato de la fundación, votaron para excluirlo de la administra­ción de la institución.

Cinco meses después de que removieron a su único opositor, los Jenkins dieron inicio al plan que les propusieron sus aboga­dos: primero, modificaron en no­viembre de ese mismo año los es­tatutos de la fundación, y contra la voluntad de su fundador esta­blecieron que sí se podía usar el capital de la fundación –y no só­lo los intereses y productos de ese capital, como estaba origi­nalmente previsto– para reali­zar donativos y obras de caridad.

La siguiente maniobra ilícita, consistió en la utilización de una segunda fundación, denomina­da Fundación Bienestar de Filan­tropía, creada por Manuel Mes­tre Martínez, quien a su vez era patrono de Mary Street Jenkins.

Así, el 30 de abril de 2014, la fundación Mary Street Jenkins donó 720 millones de dólares, es decir, prácticamente todo su ca­pital, a la Fundación Bienestar de Filantropía. Curiosamente, en ese contrato de donación, los re­presentantes legales de la funda­ción Mary Street Jenkins fueron los abogados Alejandro Gonzá­lez Muñoz y Virgilio Rincón Sa­las y quien representó a la Fun­dación Bienestar de Filantropía fue nada menos que el otro so­cio del despacho de abogados, es decir, Carlos Román Hernández, por lo que se trató de una simu­lación evidente.

La ilegalidad de la donación fue reconocida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Ad­ministrativa en resolución emi­tida en mayo de 2020, dentro del Juicio Contencioso 1505/18-12- 01-4/1587/19-S2-09-04, en la que se determinó que Fundación Mary Street Jenkins no cumplió con el objeto social para el que fue creada y autorizada, en vir­tud de que, del análisis a los do­nativos otorgados y supuestas obras de beneficencia, se cono­ció que destinó la mayor parte de sus recursos para beneficios pa­ra los miembros del Patronato de la Fundación, familiares con­sanguíneos e instituciones en las cuales tiene injerencia.

Posteriormente, en diciembre de ese año, Fundación Bienestar de Filantropía cambió su domi­cilio social a Barbados, y en no­viembre de 2015, a Panamá, cambiando de nombre a Funda­ción para el Desarrollo Latinoa­mericano, Institución de Inte­rés Privado. Con ese acto, la fa­milia con auxilio de sus aboga­dos y cómplices, consumaron el desfalco, ya que la fundación pa­nameña tiene como sus benefi­ciarios nada más y nada menos que a los descendientes de Wi­lliam O. Jenkins, incluido el di­funto Guillermo Jenkins Anstead y su esposa Elodia Sofía de Landa de Jenkins, así como sus hijos Ro­berto, Margarita, María Elodia y Juan Carlos.

Este punto es relevante por­que, si la finalidad de la familia era continuar con la realización de actos filantrópicos desde Pa­namá, debió constituirse como una fundación sin fines de lucro, instituciones que al igual que en México, cuentan con vigilancia de las autoridades del país.

No obstante lo anterior, los Jenkins optaron por una funda­ción de interés privado, las cuales son utilizadas como vehículo de disposición patrimonial de su fun­dador, ya que permite designar beneficiarios de sus bienes y es­tablecer su reglamento como pri­vado para evitar que se conozca la identidad de sus titulares, fun­cionando como una especie de fi­deicomiso, más que como funda­ción de beneficencia en favor de la comunidad, aunado a que no cuentan con vigilancia de las au­toridades del país, lo que flexibili­za el uso de su patrimonio.

Ahora bien, ¿cómo pudo ocu­rrir un desfalco de esta naturale­za si existe un organismo dedica­do precisamente al cuidado y vi­gilancia de estas instituciones, es decir, la Junta para el Ciudado de las Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado Libre y So­berano de Puebla?

La respuesta es clara: la admi­nistración de Moreno Valle per­mitió y protegió el desfalco. Así, los miembros de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, presidida por Amado Llaguno Mayaudón, con el visto bueno de su abogado consultor Alejandro Tinoco Ca­brera, autorizaron una reforma ilegal a los estatutos de Funda­ción Mary Street Jenkins, la cual sirvó de pretexto para llevar a ca­bo el desfalco de casi todo su pa­trimonio, por lo que hoy también se investiga a los servidores pú­blicos de administraciones ante­riores que aprobaron y permitie­ron la realización de dichos ac­tos ilícitos.

Al quedar al descubierto la participación de funcionarios públicos en el encubrimiento de los hechos ilícitos por los Jen­kins, la Fiscalía General de la Re­pública inició una carpeta de in­vestigación en su contra, misma que está siendo integrada en la Fiscalía especializada en investi­gación de delitos cometidos por servidores públicos.

III. ¿Cómo pretendían salirse con la suya los Jenkins? ¿Encubrimiento legal?

Derivado de las denuncias inicia­das por Guillermo Jenkins de Lan­da, la entonces Procuraduría Ge­neral de la República inició una investigación penal en contra de los Jenkins, sin embargo, a pesar de que todas las pruebas apunta­ban a la responsabilidad de la fa­milia, nunca existió pronuncia­miento en ese sentido, por el con­trario, los Jenkins pretendieron un “encubrimiento legal” logrando que repentinamente y sin susten­to legal, en mayo de 2018, se emi­tiera una resolución de No Ejerci­cio de la Acción Penal plagada de irregularidades, con lo cual pre­tendían se concluyera la investi­gación y que se les exonerara, eje­cutando de esta manera un acto delictivo adicional, que sería co­nocido como “la vacuna Jenkins”.

Para evitar que pudieran echar abajo su resolución ilegal de No Ejercicio de la Acción Pe­nal, omitieron informar al denun­ciante Guillermo Jenkins de Lan­da que se les había “exonerado”, y notificaron la resolución a Fun­dación Mary Street Jenkins por conducto de Félix Edmundo Bau­tista Salazar –mano derecha de los investigados– y se apalabra­ron con José Gustavo Garmendia Domínguez, Presidente de la Jun­ta para el Cuidado de las Institu­ciones de Asistencia Privada e ín­timo amigo de Moreno Valle, pa­ra que dejara pasar lo evidente.

Afortunadamente para la jus­ticia, con la entrada de la nueva administración, tanto local como federal, se realizó una revisión a las actuaciones de los Jenkins con respecto al patrimonio que les había sido confiado, al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República descubrió las irregu­laridades con las que pretendían terminar la investigación penal y encubrir el fraude más grande de la historia, razón por la cual, se revocó el acuerdo de No Ejerci­cio de la Acción Penal y se ordenó continuar con la investigación, y aunque intentaron preservar su impunidad a través de un juicio de amparo, perdieron éste el 30 de marzo de 2021.

Así las cosas, se identificaron al menos dos delitos cometidos por los Jenkins, el primero inves­tigado por la Unidad Especializa­da en Investigación de Operacio­nes con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o alteración de Moneda de la Subprocuradu­ría Especializada en Investiga­ción de Delincuencia Organiza­da de la FGR, en la carpeta de in­vestigación FED/SEIDO/UEIOR­PIFAM-PUE/000934/2020 y el segundo, por la Fiscalía de Inves­tigación Metropolitana, de la Fis­calía General del Estado de Pue­bla, en la carpeta de investiga­ción 2886/2020/ZC.

A la fecha, en ambas carpetas se ha ejercitado acción penal en contra de Guillermo Jenkins Ans­tead, Elodia Sofía de Landa Iri­zar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eus­tace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, María Elonia Jenkins de Landa, Manuel Mestre Martínez, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, y por ello es que se han emitido las dos órdenes de aprehensión referidas en el ini­cio de esta nota.

1. La UDLAP y los Jenkins

Uno de los detalles más inte­resantes de las posibles opera­ciones fraudulentas de la fami­lia Jenkins, es que crearon una fundación exclusivamente pa­ra administrar parte de los bie­nes que obtuvieron ilícitamen­te de la Fundación Mary Street Jenkins, a la que denominaron “Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comer­ciales” y de la cual eran socios Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Luis Ernesto Derbez, quien fuera secretario de Economía, luego de Relacio­nes Exteriores durante el gobier­no de Vicente Fox y actualmen­te es rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Al respecto, el propio Derbez ha aceptado que se dedicó a ad­ministrar los bienes inmuebles que fueron propiedad de la Fun­dación Mary Street Jenkins y que pasaron a ser parte de otra fundación que opera fuera del país, por lo que, de acreditar­se que participó o tenía conoci­miento del origen ilícito de los recursos, pudiera ordenarse su aprehensión por el delito de ope­raciones con recursos de proce­dencia ilícita.

Adicionalmente, Derbez y otros directivos de la Universi­dad de las Américas Puebla, es­tán denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por la presunta comisión de los deli­tos de falsificación de documen­tos, exceso de facultades y simu­lación de sesiones en perjuicio de la Universidad y su patrimonio.

Hoy por hoy, la familia Jen­kins está prófuga de la justicia, escondida en Estados Unidos ocultando el dinero en efectivo que asciende a mas 4,500 mi­llones de pesos y armando una estrategia legal que les permita seguir impunes y disfrutando de los recursos que debieran ser pa­ra el beneficio de los poblanos.