Por: René Valencia
Bajo el sol de la tarde laboraban cuatro pobladores de Tlahuapan, quienes recolectaban zacate de un terreno en la localidad Guadalupito las Dalias, en el que atraviesa un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Era el 28 de febrero de 2019. Allí llegaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes los sometieron y ejecutaron.
El pasado 15 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación por violaciones graves 37VG/2020, en la que documentó que elementos de la Semar incurrieron en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones de cuatro personas en Tlahuapan.
La madre de una de las víctimas relató a la CNDH que a las 14:00 horas, del 28 de febrero del 2019, llegaron tres camionetas con elementos de la Marina: “En ese mismo lugar los desvistieron y los golpearon en el rostro, después les ordenaron que se recostaran con la cara hacia el piso y los golpearon con una pala”.
Ante la mirada del resto de habitantes de Guadalupito las Dalias, los marinos decidieron llevarse en sus vehículos a quienes unos minutos antes sólo se dedicaban a levantar zacate. El resto del día sus familiares desconocieron el paradero, estado físico y legal de los detenidos.
Con la incertidumbre, la madre de una de las víctimas acudió a oficinas de las Fiscalías Generales del Estado (FGE) y de la República (FGE), pero la respuesta fue la misma: desconocían el paradero de los pobladores.
Al día siguiente, localizaron los cuatro cuerpos en el cerro “El Águila”, ubicado en los límites de las localidades Santa Cruz Moxolahuac, municipio poblano de Tlahuapan, y en San Felipe Hidalgo, municipio tlaxcalteca de Nanacamilpa. Los familiares trasladaron los restos con sus propios medios.
PUEBLO EN IRA
El documento, firmado por Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, dirigido al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, narra lo siguiente: Al ayuntamiento de Tlahuapan le preocupó que los familiares de las víctimas pudieran emprender alguna actividad que desestabilizara la zona, por lo que se comunicó con la Delegación de la Secretaría de Gobernación estatal para solicitarle “tener autorización de poderlas elaborar (las actas de defunción) y así evitar un conflicto social mayor”.
La Fiscalía General de la República (FGR) no fue bien recibida al momento de iniciar sus indagatorias, el 2 de marzo de 2019: “Tocando las campanas de la iglesia, por lo que (los pobladores) empezaron a reunirse alrededor (…) no se prestaron al diálogo y agredieron al personal actuante de forma verbal, por lo cual (…) se retiraron del lugar”.
El 12 de agosto de 2019 ingresó al poblado personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la FGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para exhumar los cadáveres de los ejecutados por la Semar, pero los vecinos respondieron: “Que ellos y el juez se fueran a chingar a su madre”. Para el 22 de agosto de 2019, la CNDH acudió con las víctimas y concluyó que “son desconfiados ante las autoridades debido a sus experiencias previas con litigios en los que no han obtenido buenos resultados (…) además del temor de sufrir consecuencias ante la denuncia hacia los servidores públicos”.
RECONOCEN EJECUCIÓN
Durante las investigaciones que se iniciaron por este caso, la Semar se deslindó de haber dado instrucciones de acción alguna a sus elementos. “No existió orden expresa emitida por la Comandancia de la Base de Operaciones de la Armada de México, establecida en San Martín Texmelucan, Puebla, o de ningún otro superior jerárquico”, aseveró en el oficio 1266/2019 recibido el 17 de abril de 2019 por la CNDH.
A casi dos años de los eventos, la CNDH verificó que los elementos involucrados en las desapariciones en Tlahuapan las realizaron sin presentar informes sobre las detenciones, ejercieron un uso excesivo de la fuerza, así como se acreditó que la muerte de los cuatro pobladores fue por ejecución. Recomendó a la Semar inscribir el nombre de los ejecutados en el Registro Nacional de Víctimas, reparar integralmente el daño a sus familiares, quienes deberán acceder al Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral, así como a atención psicológica.
