El retiro de la licencia de conducir hasta por 10 años es una buena medida, pero no erradicará el problema de arrancones en la entidad, puesto que se necesita que se acompañe con otras políticas públicas para que sea efectiva.
El doctor Éder Vázquez Espinoza, profesor de la Facultad de Derecho de la UPAEP, explicó que problemas viales como arrancones o conductores en estado de ebriedad van más allá del permiso de conducir.
Comentó que es necesario que se haga una revisión del número de licencias vigentes y una regulación de éstas, para que no caigan en manos de personas que no deban tenerlas, puesto que el examen para conseguirlas es muy básico y no contempla aspectos relacionados con las conductas sociales.
Apuntó que es necesario que se generen acciones sociales, que coadyuven a manejar este tipo de situaciones, puesto que las sanciones económicas y jurídicas a veces no tienen el efecto que
el gobierno pretende generar.
Señaló que una política integral que contenga una amplia educación vial puede hacer la diferencia.
CRECEN REPORTES 59%
De enero a abril de este año se presentaron un total de 275 reportes al sistema de emergencia 911 para denunciar carreras de vehículos clandestinas en la capital de Puebla, lo que representa un incremento de 59% en un año, en comparación con los 173 reportes durante el primer cuatrimestre del 2020.
Fue abril cuando más casos de esta índole se reportaron, con 84 llamadas; en marzo se dieron 65 avisos.
Actualmente, el artículo 193 del Código Penal del estado de Puebla indica que se impondrá prisión de tres días a tres años, multa de diez a cien días de salario y suspensión hasta de tres meses o pérdida del derecho a usar la licencia a quien viole dos o más veces los reglamentos o disposiciones sobre tránsito y circulación de vehículos, en lo que se refiere a exceso de velocidad.
PROPONE GOBERNADOR OCHO AÑOS DE CÁRCEL
Por: Mariana Flores
Tras la reforma a la Ley de Vialidad del estado, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, anunció que espera que otras dos iniciativas de reformas sean aprobadas antes de que culmine el último periodo de sesiones.
Se trata de una iniciativa al Artículo 85 del Código Penal del Estado, para agravar la penalidad hasta con ocho años de prisión a quienes conduciendo en estado de ebriedad cometan un homicidio o daños a terceros. También propone cancelar de forma definitiva la licencia para conducir.
La otra iniciativa modificaría el Artículo 436 Quinquies del Código Penal del Estado, para imponer de tres a ocho años de prisión a quien favorezca la evasión de personas privadas de su libertad.
