Perú vive uno de sus momentos más violentos en décadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, mientras los manifestantes que se oponen al gobierno actual exigen un cambio político en el país.
En diciembre pasado se impuso el estado de emergencia, aeropuertos y carreteras fueron escenario de algunos enfrentamientos, y cientos de turistas extranjeros quedaron varados en el país en medio del caos.
Hasta la fecha, decenas de personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Al respecto, grupos de derechos humanos aseguran que las autoridades ejercieron un uso excesivo de la fuerza contra las protestas, el cual incluyó armas de fuego. Por su parte, el Ejército afirma que los manifestantes han utilizado explosivos y armas improvisadas.
Durante el fin de semana, el gobierno de Perú prorrogó por 30 días el estado de emergencia en la capital, Lima, y en las regiones de Cusco, Puno y la provincia constitucional de Callao. El estado de emergencia suspende varios derechos constitucionales, como la libertad de circulación y de reunión.
El cargo de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, parece ahora tan asediado como el de su predecesor. En enero, la Fiscalía General de Perú abrió una investigación sobre la gestión de los disturbios por parte de Boluarte, y varios de sus ministros han dimitido.
¿Por qué están tan enojados los manifestantes?
La destitución de Castillo ha acelerado las tensiones políticas en el país.
Los manifestantes exigen nuevas elecciones, la dimisión de Boluarte, un cambio en la Constitución y la liberación de Castillo, que se encuentra en prisión preventiva.
Castillo, exmaestro y líder sindical que nunca había ocupado un cargo electo antes de convertirse en presidente, procedía del Perú rural y se presentaba como un hombre del pueblo. Muchos de sus partidarios proceden de las regiones más pobres, con la esperanza de que Castillo ofreciera mejores perspectivas a la población rural e indígena del país.
Aunque se han producido protestas en todo el país, la mayor violencia se ha producido en el sur rural e indígena, que lleva mucho tiempo enfrentado a las élites costeras blancas y mestizas.
El poder legislativo peruano también es visto con escepticismo por la opinión pública. El presidente y los congresistas no pueden tener mandatos consecutivos, según la ley peruana, y los críticos han señalado su falta de experiencia política.
¿Qué ha provocado los recientes disturbios en Perú?
La política peruana ha estado sumida en la disfunción durante años, siendo Boluarte su sexto presidente desde 2018.
Se sumió de nuevo en la agitación política en diciembre cuando Castillo intentó disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia.
Castillo, cuyo breve tiempo en el cargo se había visto salpicado por varias investigaciones por corrupción, fue sometido a juicio político y destituido. Actualmente está acusado de delitos de rebelión y conspiración, que él ha negado.
Sus partidarios salieron a la calle en los días posteriores a su destitución, exigiendo su liberación en lo que algunos han descrito como una «insurgencia nacional».
Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía han causado muertes y han exacerbado el miedo y el enojo en ambos bandos.
¿Quién es Pedro Castillo?
Castillo surgió de la oscuridad para ser elegido en julio de 2021 por un estrecho margen en una segunda vuelta, y fue visto como parte de una «marea rosa» de nuevos líderes de izquierda en Latinoamérica.
A pesar de que su plataforma prometía reescribir la Constitución y aumentar la redistribución de la riqueza, en su breve presidencia Castillo tuvo problemas para cumplir esas promesas en medio de la creciente inflación en Perú, su falta de experiencia política y una fuerte oposición conservadora en el Congreso.
Su gobierno se sumió en el caos, con docenas de ministros nombrados, sustituidos, despedidos o que dimitieron en poco más de un año. El propio Castillo se enfrentó a múltiples investigaciones por corrupción y a dos intentos fallidos de destitución antes de ser destituido finalmente.
Castillo ha negado repetidamente las acusaciones en su contra y ha reiterado su disposición a cooperar con cualquier investigación de corrupción. Sostiene que las acusaciones son el resultado de una cacería de brujas contra él y su familia por parte de grupos que no aceptaron su victoria electoral.
Su detención ha suscitado la indignación de varios líderes latinoamericanos de izquierda, que denunciaron su destitución y afirmaron que Castillo había sido víctima de un «acoso antidemocrático» desde su elección en 2021.
Después de que su familia recibiera asilo en México, Perú ordenó al embajador de México que abandonara el país en un plazo de 72 horas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo que la decisión se tomó después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hiciera comentarios sobre Perú, calificándolos de una «injerencia inaceptable en asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención».
Con información de CNN en Español
