Los altos niveles de hechos delictivos y violencia ha provocado un aumento en el desplazamiento forzado en México donde se estima que unas 75 mil personas han emigrado de sus lugares de origen tan solo del 2016 al 2021 y 7 estados concentran la mayor parte de este fenómeno social que cada vez se dispara más en territorio nacional.
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, concentraron el 91% de los casos y 97% de la población.
En México no existen registros oficiales sobre desplazamiento interno y muchos menos sobre las víctimas de este fenómeno. Sin embargo, existen instrumentos estadísticos oficiales que permiten una aproximación como el Censo de Población y Vivienda 2020, donde los resultados muestran que un total de 262 mil 411 personas migraron de forma interna por inseguridad delictiva o violencia en México.
De acuerdo al análisis “Desplazamiento forzado interno”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado fue en el 2007 con el inicio de la política de combate directo al narcotráfico con el apoyo del Ejército como se recrudece el enfrentamiento con el crimen organizado y violación a los derechos humanos, lo que obliga a familias enteras a emigrar de sus lugares de origen en busca de garantizar la vida.
Debido a los altos niveles de hechos delictivos y de violencia, la población ha reaccionado de diversas maneras, desde dejar de salir por las noches, evitar portar objetos de valor, hasta mudarse de residencia o incluso de ciudad
Así, un asunto que hasta hace unos cuantos años tenía su origen en la disputa de grupos armados por asuntos políticos, con el paso del tiempo se ha transformado en una guerra de grupos criminales relacionados con la trata de personas y el narcotráfico, integrando a la entidad chiapaneca a una problemática nacional de mayores dimensiones.
De acuerdo con el registro de la CMDPDH, en 2021 a nivel nacional se documentaron cerca de 28 mil 867 nuevos desplazamientos masivos por situaciones de violencia en el país, lo que representó un incremento significativo respecto a los años anteriores, pues en 2019 fueron alrededor de 8 mil 664 casos y en 2020 se contabilizaron 9 mil 714.
El desplazamiento forzado interno se ha registrado desde décadas atrás, pero fue hasta el 2019 que el Gobierno Federal lo reconoció como un problema público, con el fin de diseñar e implementar estrategias a nivel nacional para frenar esta problemática.
A pesar del reconocimiento de la existencia del Desplazamiento Forzado Interno, en México aún no se tiene una política nacional que atienda de forma integral a las víctimas de este fenómeno y tampoco se cuenta con una ley a nivel nacional en esa materia.
“Se requiere de un sistema oficial de registro de personas desplazadas, que posibilite conocer, de forma certera, el número de personas que se encuentra en esta situación. Ya que la falta de este registro complica realizar una documentación, análisis y planeación integral de atención del desplazamiento forzado interno”, establece
El análisis recuerda que la relatora especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Cecilia Jimenez-Damary, realizó una visita al país el 29 de agosto al 9 de septiembre de 2022 donde urgió a instituciones nacionales y gubernamentales la creación de las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.
Además de crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención.
El estudio establece que pese al aumento gradual del desplazamiento forzado interno en más entidades del país, aún no se cuenta con una legislación a nivel nacional en la materia. Por ello, es importante que el Congreso de la Unión avance en este aspecto. En este sentido, será importante considerar las experiencias y las lecciones que otros países han tenido en la materia.
Con información de La Crónica de Hoy
