El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó hace algunas semanas al presidente Andrés Manuel López Obrador un programa de 90 días para enfrentar la emergencia sanitaria y el impacto económico que provoca el COVID-19, sin embargo, las propuestas fueron rechazadas por el mandatario.
Para el sector formal, el grupo empresarial propuso establecer con fondos públicos un programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada con enfoque particular a MIPYMES, con problemas de liquidez, para conservar empleos y sufragar la nómina. Se buscaría operar con tasas de interés blandas, de acuerdo con los mecanismos utilizados por la banca de desarrollo.
También formuló un programa generalizado de vacaciones pagadas, en los sectores no esenciales, para asegurar el aislamiento, u otras acciones que puedan ser acordadas entre las empresas y los trabajadores (opcional).
Y en los sectores críticos (aviación, hotelería, restaurantes y otros) diferir el pago del ciento por ciento de las contribuciones a la seguridad social, sin condonación.
En el sector informal plantean créditos a la palabra mensuales de 25,000 pesos, que tendría un costo de 75 mil millones de pesos para una cobertura de hasta 3 millones de personas, bajo el planteamiento actual del programa. Y como único requisito sería la formalización del adquirente
El sector empresarial propuso utilizar una caja actual del sector público y cambiar concepto de deuda neta por deuda bruta. “Esto libera 425,000 millones de pesos. Uso de fondos de estabilización por un total de 243,000 millones de pesos. Postergar el objetivo de finanzas públicas de 2020. Incremento temporal del nivel de endeudamiento hasta en 4% del PIB”, a fin de auxiliar el gasto en salud, compensar caídas en ingreso y sentar las bases para la reactivación de la economía.
Para reactivar la economía el grupo encabezado por Carlos Salazar Lomelín, explicó que se necesita un programa de Infraestructura con fondos públicos y privados. Usar el remanente del crédito para asignar a cada estado un gran proyecto de infraestructura.
Así como la definición y anuncio inmediato de los proyectos de inversión privada en infraestructura energética. Preparar un agresivo programa de exportaciones a EE.UU. sustituyendo importaciones chinas hacia ese país y depreciación acelerada para premiar nuevas inversiones.
El empresariado agrupado en el Consejo Coordinador de ese sector indicó que el informe presidencial fue escuchado con atención, sin embargo se trató de una respuesta incompleta “ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos”.
