En contraste con su activa presencia en conferencias de prensa y redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desaparecido de la esfera pública desde que se confinó al dar positivo por coronavirus el domingo pasado, generando preocupación en el país.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de sustituirlo en sus ruedas de prensa mañaneras, se limitó a decir este jueves que el mandatario, de 67 años e hipertenso, está «muy bien» con «síntomas ligeros» de la enfermedad y que «sigue en pleno ejercicio de sus funciones».
Pero lo cierto es que no se sabe nada de su agenda desde el pasado lunes, cuando hizo su última publicación en redes sociales, donde colgó una foto sonriente tras hablar por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la vacuna Sputnik V contra la covid-19, una enfermedad que ha matado a más de 153,000 mexicanos.
Según la información ofrecida a cuentagotas por el Gobierno, López Obrador está confinado en su domicilio en el Palacio Nacional, con buen ánimo y sin síntomas mayores más allá de algo de «febrícula» y «un poco de dolor de cabeza», y atendido por un grupo de médicos liderado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien no ha hecho ninguna declaración.
¿PRIVACIDAD O TRANSPARENCIA?
El estratega del Gobierno contra el coronavirus, el epidemiólogo Hugo López-Gatell, dejó claro el lunes que la transparencia no será la prioridad: «El presidente tiene derecho a la privacidad, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente no vamos a revelar ningún dato», dijo.
Para Óscar Casillas, experto en comunicación política de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la enfermedad de un presidente requeriría «por salud nacional» una mayor «fluidez en la información», con recurrentes reportes médicos sin caer en una «pornografía médica» ni en «detalles escabrosos».
«Es un tema de política y se están creando sensaciones de incertidumbre en la población. Esa incertidumbre lo que va a generar son ríos inmensos de rumores», señaló a Efe el experto, dado que en redes sociales ya corren teorías como que el presidente se inventó la enfermedad o que está peor de lo que se dice.
Ante el debate por el estado de salud del mandatario, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Blanca Lilia Ibarra, aclaró este jueves en declaraciones a Radio Fórmula que ningún funcionario público está obligado por ley a dar detalles sobre su enfermedad.
De todos modos, la funcionaria opinó que «conviene estar informados sobre el estado de salud de nuestros gobernantes”, y ejemplificó que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en un video que tenía covid-19, mientras que el equipo médico del estadounidense Donald Trump dio varios partes médicos sobre su estado por el coronavirus.
SIN UNA ESTRETEGIA CLARA
A diferencia del presidente, Sánchez Cordero publicó en Twitter este jueves el documento que demuestra el resultado negativo de la segunda prueba de covid-19 que se realiza desde que estuvo en contacto con el presidente el pasado fin de semana.
Casillas restó importancia al silencio del presidente en redes sociales, puesto que «no es un personaje de la nueva generación», pero apuntó que el Ejecutivo no ha sabido tejer una estrategia de comunicación a falta del hiperactivo López Obrador.
«El problema de la comunicación del Gobierno es que está centrada en el presidente, en el personaje del presidente. Eso tiene de ventaja que conecta muy bien con la sociedad, pero como punto débil lo que vemos ahora: si el presidente no está, el modelo se cae», comentó.
Eso ha derivado en varias confusiones, pues en su primera conferencia de prensa, Sánchez Cordero no supo aclarar dónde estaba el mandatario ni el motivo por el cual algunos miembros del gabinete que tuvieron contacto con López Obrador estaban confinados y otros no, como ella misma.
Una incertidumbre que llega en plena polémica por la transparencia en México, que desató el mismo López Obrador en semanas recientes.
Por un lado ordenó, en aras de la transparencia, publicar la investigación por narcotráfico de Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, pero por otro anunció su intención de suprimir el Instituto Nacional de Transparencia, un órgano independiente del Gobierno, porque no lo ve necesario.
Este mismo jueves, la organización Human Rights Watch advirtió que la desaparición del ente supondría «un gran retroceso para los derechos humanos» en México. (Agencia EFE)
