La mayor parte de los trabajadores en México son informales –algunos estudios señalan que son el 60%– y la realidad de estas personas es que son invisibles para el gobierno y la sociedad, consideró Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista, en la mesa de diálogo “Trabajo informal y la crisis del COVID-19”, que realizó la Ibero de Ciudad de México.
Aunque todas las legislaciones pueden estar “escritas en letras de oro”, las políticas públicas son totalmente distintas.
Por ejemplo, si bien es cierto que una reforma laboral impulsó que se diera de alta en el IMSS a poco más de 22 mil trabajadoras del hogar, la mayoría no cuenta con seguridad social, y vive invisible, al no tener contrato.
Otro de los problemas de esta invisibilidad se percibe cuando, al estar exigiendo algún derecho laboral, no tienen como probar que realizan algún trabajo, cuando lo hacen subordinadamente.
En esta pandemia, si un trabajador informal contrae COVID-19, no contará con un subsidio de parte del IMSS y, en caso de morir, no contará su familia con una pensión, dijo Fuentes Muñiz.
