Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) estuvieron presentes en los dos puntos donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2016, según el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado este martes en la Ciudad de México.
«Conocimos algo que no se había dicho, que Sedena va al Palacio Municipal. Esto nunca lo dijeron antes», dijo Ángela Buitrago, quien junto con Carlos Beristáin, ambos del GIEI, llevó el mando de la conferencia de prensa.
Esto pudieron establecerlo gracias a la elaboración de un mapa de localización de comunicaciones que, según las antenas que recibieron señal de celulares, ubica a las personas que estuvieron en las zonas de movimiento aquella noche del 26 al 27 de septiembre.
«Sabemos que Sedena se movió de diferentes maneras y nunca lo sostuvo en las entrevistas», añadió Buitrago.
También aseguraron que hubo comunicación «permanente» y «bidireccional» entre esta instancia y el C4 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación).
En el C4 se encontraban dos hombres de Sedena: uno de ellos recibía llamadas y otro manipulaba las cámaras y las direccionaba para que no se viera el paso de camionetas con estudiantes.
En cuanto a la Semar, Buitrago y Beristáin detallaron que, aunque no hay información de que interviniera en los días 26 y 27 de septiembre, «sí lo hizo inmediatamente después».
«Ellos dicen que participaron en cuestiones de seguridad perimetral, (…) pero sabemos que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos», sentenciaron.
Añadieron que miembros de la Semar realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado, llevando a cabo detenciones y tortura, hechos que derivaron en la muerte de dos personas.
Sobre los nombres y cargos de los miembros de Semar y Sedena presentes aquellos días, precisaron que no los hicieron públicos en el informe que presentaron este martes pero, sí en el documento que entregarán a la Fiscalía General de la República (FGR) para abonar a la investigación sobre el caso.
DESTINO Y PARADERO DE LOS JÓVENES
El GIEI, que concluye sus trabajos con este sexto informe ante la imposibilidad de avanzar más por la opacidad de las autoridades, principalmente las Fuerzas Armadas, estableció que llegaron al «avanzado entendimiento» de que los jóvenes fueron divididos en tres grupos y que después de eso, según declaraciones, habrían sido repartidos en otros grupos que «no fueron llevados a un mismo lugar».
La información sobre los lugares todavía no está clara y se contemplan varias posibilidades -cada vez más cercadas-, pero detallaron que existe un mensaje cifrado de Sedena que contiene información sobre 11 detenidos.
A través de un teléfono, una persona le pregunta a otra: «Comadre, ¿Te tocaron los 11 detenidos del desmadre (caos) de ayer o sabes dónde están los 11 detenidos que llevaron ayer a Chilpancingo?».
También cuentan con comunicaciones que señalan que tienen a 17 personas detenidas y que las van a entregar. Un documento del 4 de octubre de 2014 indica que los estudiantes están en una cueva, pero no se dan mayores detalles.
«Otros lugares aún están siendo investigados», agrega Buitrago.
«NO SE PUEDE CERRAR EL CASO»
Al final de la presentación, Buitrago y Beristáin remarcaron la insistencia por parte de las Fuerzas Armadas en ocultar cosas «que son obvias» y que provocaron que el grupo de expertos llegase a su límite, por lo que dan por terminado su trabajo «si las cosas no cambian».
«El GIEI regresó y se mantuvo diciendo que se abrirían todos los archivos. Se abrieron en parte, pero hay más información que es clave para avanzar. (Autoridades del Estado) actuaron y no protegieron, además saben y sabían lo que pasó», sentenció Beristáin.
Continuó asegurando que, en referencia a que en septiembre de 2022 hubo una crisis porque la FGR bajó judicializaciones de miembros de Sedena, sin un compromiso «decidido» de la Fiscalía el caso no podrá aclararse.
«Para que haya justicia se necesita primero verdad. Un caso de desaparición forzada no se cierra porque no se pueda seguir investigando», exclamó.
Por último, recordaron que el caso no se cierra con la partida del GIEI al expresar que los avances son impostergables y que el Estado tiene la obligación de investigar, buscar a los desaparecidos y hacer justicia.
«Han hecho que el amor por sus hijos sea ahora parte de una conciencia en México y en el mundo. Gracias mamás, papás y familiares», dijo Buitrago.
La investigación oficial del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) apuntó como «verdad histórica» que los estudiantes fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Pero el GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso y echó abajo la versión oficial alegando que habría sido imposible que los quemaran en dicho lugar y concluyeron que varios estudiantes permanecieron vivos por días después de los hechos.
Con información de EFE
