La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó este miércoles las sesiones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), órgano autónomo paralizado porque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niega a nombrar a sus comisionados.
La Segunda Sala de la Suprema Corte concedió al Inai una medida cautelar para que pueda sesionar con los cuatro comisionados que tiene en la actualidad en lugar de los cinco mínimos que establece la ley.
El Inai no podía resolver ninguna demanda ciudadana desde el 1 de abril que implicara ordenar a algún órgano público transparentar información o denunciar la vulneración de datos personales porque el Senado, controlado por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ha designado a los comisionados faltantes.
«Una vez notificado el fallo y tras más de 140 días sin poder sesionar, el pleno del Inai quedará habilitado para celebrar sesiones ordinarias, en las que presentará, discutirá y resolverá los más de 8.000 recursos de revisión acumulados», expuso el organismo autónomo en un comunicado.
La polémica creció porque López Obrador justificó no proponer al Senado a los comisionados del Inai con el argumento que «no sirve para nada» por ser un órgano autónomo herencia del «periodo neoliberal».
El Inai, creado en 2014, ha exigido al Gobierno de López Obrador revelar información de alto perfil, como los contratos del Tren Maya o los bienes decomisados al crimen por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
También ha pedido publicar el expediente sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que el mandatario dijo haber recibido de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht.
El Inai interpuso en marzo pasado ante la Suprema Corte una controversia constitucional en la que denunció la omisión del Senado por no nombrar a tres comisionados, como exige la Constitución.
«El fallo da muestra de la importancia de los equilibrios de poder en el país, así como de la vigencia de un Estado de derecho, en el que prevalezca el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos», concluyó el organismo autónomo.
Con información de EFE
