La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite, a través del ministro Alberto Pérez Dayán, la controversia constitucional 29/2023 promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores, el presidente de la República y del secretario de Gobernación por considerar que las recientes reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas vulneran la Constitución y violan sus funciones.
El paquete de enmiendas impugnado por la autoridad electoral es conocido como la primera parte del “Plan B’’ de reforma electoral.
“El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, cita la notificación.
Pérez Dayán admitió también a trámite el incidente de suspensión de la controversia constitucional 15/2023, promovida por Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, Chihuahua, contra la primera parte del “Plan B’’ de reforma electoral, pero negó la suspensión solicitada.
“En virtud de la naturaleza e importancia de esta medida cautelar, se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones del presente acuerdo’’, ordenó.
El pasado 21 de febrero, Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como por las minorías en las cámaras de Diputados y Senadores, contra el decreto por el que se reforman la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y concedió su suspensión por lo que las enmiendas no regirán en los procesos electorales de gobernador que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.
Con información de El Economista.
