La Secretaría de la Función Pública (SFP) de México anunció este martes la inhabilitación por 10 años a Alfredo Castillo, un alto funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), por omitir declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge.
«Tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto», detalló el ministerio en un boletín.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, manifestó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad».
Resaltó que la Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de la persona sancionada.
La sanción, que fue ya notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.
Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un «minucioso procedimiento administrativo sancionador» y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18,3 millones de pesos (unos 900.000 dólares).
«Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial», indicó el comunicado.
Este procedimiento sancionador es parte de los 26.064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno, y de los que a la fecha se han resuelto 20.222.
La lucha contra la corrupción y la austeridad gubernamental son dos de los pilares del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por ello que ha impulsado la investigación de casos de corrupción del pasado, poniendo en el punto de mira incluso a expresidentes.
Con información de EFE
