La Secretaría de Salud Federal ordenó una investigación por el descontrol institucional en el manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) generados durante la crisis del COVID-19.
Según la Semarnat, cada contagiado produce alrededor de 2 kilos diarios de desechos. Conforme a la última cifra de casos confirmados: cercana a los 170 mil, el volumen de los RPBI es ya superior a las 4 mil 650 toneladas.
Durante junio, el tamaño del problema se ha duplicado: a principios de mes el registro rondaba las 2 mil 500 toneladas.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, calificó esta realidad como “una alerta”.
“Debemos comentarlo con Cofepris y hacerlo extensivo hacia Profepa para investigar”, dijo el funcionario a Crónica.
– ¿Investigar qué?
-Donde estuvo la omisión del procedimiento o de seguir las normas tanto por las compañías, muy probablemente privadas, que son las que dan los servicios, como por el contratante público, para que se deslinden las responsabilidades necesarias y se atienda el problema.
Durante los últimos días este diario documentó hallazgos de residuos tirados de manera ilegal en lotes baldíos, terrenos abandonados, reservas ecológicas, áreas naturales, parajes, bosques, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua.
También se corroboraron casos en áreas públicas de colonias populares, condominios médicos, estacionamientos y hasta en autopistas, además de establecimientos con permisos de la Profepa y de la Cofepris, las dos instancias federales relacionadas de manera directa con la supervisión en la materia.
“Existe una Norma Oficial Mexicana específicamente para esto, para establecer las condiciones del manejo de los RPBI, y los procedimientos específicos; además, están reglamentados en los contratos que establecen los sistemas locales de salud para la disposición de estos residuos”, dijo López-Gatell.
Crónica también reveló la raquítica red de inspección en torno al tema: Profepa, encargada de vigilar el funcionamiento de empresas autorizadas para el tratamiento de estos residuos, atender denuncias y girar expedientes a la Fiscalía General de la República, cuenta apenas con ocho inspectores. Su titular es Blanca Alicia Mendoza Vera.
Y la Cofepris, órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y el cual tiene la obligación de emitir las licencias de sanidad a los establecimientos y de verificar que hospitales o generadores estén cumpliendo de forma adecuada con su ruta y recolección interna, tampoco ha impulsado acciones concretas y se mantiene paralizada. Está dirigido por José Alonso Novelo Baeza.
Pese a la reiterada solicitud reporteril, ninguna de las dos dependencias ha sido capaz de formular y compartir una estrategia para frenar la problemática y evitar perjuicios a la salud pública y al medio ambiente.
“Esto que Crónica relata es completamente inconveniente, no es para nada adecuado que los residuos peligrosos biológicos infecciosos acaben en un sitio en donde no se han dispuesto de manera segura”, dijo el subsecretario.
La estructura para recolectar, transportar, acopiar, incinerar o dar destino final a los RPBI en México es limitada: incluye no más de 130 empresas —en los diversos giros— para cubrir todo el país, de acuerdo con el directorio de autorizaciones publicado por la Semarnat, instancia encargada de los permisos.
La demanda desmedida en los tiempos del COVID, el escaso control y las transas entre particulares han derivado en trasiegos furtivos y la aparición de compañías fantasma, sin registro ante autoridades ambientales y sanitarias. (La Crónica de Hoy)
