Agenda Ciudadana
Jorge Alberto Calles Santillana
Mal terminó 2022 y mal empezó el 2023. A través de su discurso, el presidente ha dejado en claro, nuevamente, que el estado de derecho no es su prioridad.
2022 cerró mal para la sociedad civil: por un lado, Ciro Gómez Leyva fue atacado y, por otro, Guillermo Sheridan evidenció que la ministra Yasmín Esquivel, aspirante en ese momento a la presidencia de la Suprema Corte, obtuvo su licenciatura plagiando una tesis. Los dos hechos demostraron cuán alejada del estado de derecho se encuentra nuestra vida cotidiana.
La violencia desatada y una mujer tomando decisiones de gran importancia en la Suprema Corte, de manera ilegítima. Los hechos, por sí mismos, fueron graves, pero las declaraciones presidenciales sobre ellos resultaron altamente preocupantes.
Aunque el presidente se solidarizó con Ciro, volvió a señalarlo como uno de los periodistas defensores del conservadurismo”; no asumió la posición propia de un Jefe de Estado. El presidente no condenó el intento de homicidio; no lo inscribió dentro del régimen de violencia que priva en el país, ni se comprometió a frenar la violencia contra periodistas. Además, no sólo no condenó la mala conducta de la ministra, sino que arremetió contra Sheridan y lo acusó de defender privilegios. El presidente reiteró, así, su desinterés por el estado de derecho y por preservar la paz social.
Cuando un político está interesado el poder, y sólo en el poder, la ley y el interés social le resultan intrascendentes, se le convierten en obstáculos.
2023 arrancó mal para el presidente.
Seis de los once ministros de la Suprema Corte se inclinaron por mantener autónomo al Poder Judicial. Por otra parte, Ovidio Guzmán fue capturado en la víspera de la visita del presidente Biden, dando pie a especulaciones sobre presiones del gobierno norteamericano para la aprehensión y no a un interés de las autoridades mexicanas por recapturarlo. Las reacciones del presidente a estos hechos también resultan preocupantes. Aun cuando saludó el arribo de una mujer a la presidencia de la Corte, el presidente se quejó de que en este escenario difícilmente se conseguirá la reforma del sistema judicial y que continuará la “defensa de la corrupción”. No lo expresó, pero seguramente pensó que la reforma electoral no recibirá el trato que él esperaba recibiría si Yasmín hubiese alcanzado la presidencia, cuando los partidos políticos lleven a la Corte sus deseos de frenarla, vía demandas de inconstitucionalidad. Tampoco agendó un encuentro con ella.
En el caso de la aprehensión de Guzmán, contrariamente a su costumbre, no fue él quien informó; además, eludió el tema, a más no poder, durante su conferencia matutina. Informó sucintamente sobre el operativo. No asumió su papel de Jefe de Estado. No indicó que se trataba de aprehender a Ovidio, uno de los narcotraficantes más importantes del país y sobre quien Estados Unidos tiene órdenes de aprehensión. Este tratamiento contrasta con el que da a lo que él considera sus logros más importantes. Como es poco común, esta vez López Obrador dejó a sus secretarios la tarea de informar al respecto posteriormente y sin permitir preguntas a periodistas.
El tema fue tratado, así, de manera diametralmente diferente a la liberación de Ovidio en 2019. En esa ocasión fue firme para sostener haber evitado una crisis humanitaria. Ahora, cuando la acción estatal se apegaba al derecho y estaba orientada a detener a uno de los delincuentes más peligrosos del país, se requería un posicionamiento de Estado por parte del presidente. No hubo tal. ¿Por qué? Su comportamiento genera dudas.
Contribuye a fortalecer la hipótesis de las presiones estadounidenses, así como fortalece versiones de la existencia de pactos entre el cártel y el gobierno federal.
La derrota de López Obrador en la Suprema Corte y la presión estadounidense para combatir al crimen organizado han fomentado entre los críticos del presidente esperanza de que se debilite hacia la elección del 2024. Habrá que irse con tiento. López Obrador es un político cuyo interés fundamental es el poder y su conservación; es perseverante; consigue lo que quiere. Nada lo detendrá. Su discurso es claro: la ley le es irrelevante. Echará mano de lo que esté a su alcance para conseguir que prevalezca lo que él identifica como proyecto transformador. Buscará la manera de hacer frente a la autonomía del Poder Judicial y dar la vuelta a la exigencia de combatir al crimen organizado. Pero eso significa que los días por venir no serán tranquilos.
Seguramente, radicalizará su discurso. La sociedad civil vivirá en zozobra este 2023.
