El combate a la corrupción y la austeridad
nos permitirá liberar fondos
mucho más de lo que imaginamos…
Con esta fórmula sencilla, no habrá necesidad
de incrementar impuestos en términos reales
ni aumentar los precios de los combustibles
más allá de la inflación
Andrés Manuel López Obrador
1 de diciembre de 2018
Notas para una defensa de Emergencia
Silvino Vergara Nava
El Ejecutivo cada año debe enviar a la cámara de diputados, el paquete económico a más tardar el ocho de septiembre, con la finalidad de que los legisladores analicen las propuestas de reformas fiscales y presupuestarias para el siguiente año, en este caso, para el año 2024. Es necesario cumplir con ese cometido constitucional.
Sin embargo, lo que se está debatiendo es el futuro de los fideicomisos del Poder Judicial; si deben desaparecer o mantenerse. Este debate ya ha pasado al Senado para su estudio y, en su caso, aprobación. Parece, por tanto, que todo gira en torno a ese rubro.
Sin embargo, pudiera ser que este tema de los fideicomisos sea una cortina de humo para la población, distrayendo de que una vez más se ha roto la propuesta presidencial de no aumentar los impuestos.
Lo que realmente se está gestando es el aumento del impuesto sobre la renta para los ahorradores en el sistema financiero de nuestra nación.
Así, se están aprovechando de dos situaciones muy palpables. La primera es que todos están preocupados por el Poder Judicial y la desaparición de sus fideicomisos. Por otra parte, debido a que el Banco de México tuvo que aumentar la tasa de interés para controlar la inflación en este año 2023, se incrementó la carga impositiva para los ahorradores en la banca.
Aprovechando estas dos situaciones, se está implementando un aumento en la tasa del impuesto sobre la renta para todos aquellos que invierten sus ahorros en el sistema bancario del país.
Esta medida ha pasado al Senado para su posible aprobación, posiblemente sin que nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo con esta reforma fiscal.
De entrada, de aprobarse este aumento en la tasa del impuesto sobre la renta por los intereses de los ahorradores, se estaría quebrantando la promesa hecha desde que se asumió la presidencia en 2018, la cual aseguraba que no se incrementarían los impuestos.
Resulta que esto ya no será así si se aprueba. Pero incluso si no se aprueba, la promesa presidencial se habría quebrantado, ya que la propuesta e intención de aumentar la tasa del impuesto sobre los intereses de los ahorradores en nuestra nación ya estaba presente desde la presentación del paquete económico.
Si se aprueba esta iniciativa legislativa, la violación de la promesa de campaña pasará a un segundo plano. Lo cierto es que esto sería mucho más grave, ya que constituiría una invitación presidencial a la fuga de capitales.
En otras palabras, se instaría a los ahorradores a sacar su dinero, sus ahorros y sus inversiones del sistema financiero mexicano en busca de otras alternativas. Esto podría tener un impacto considerable en la economía del país.
Cabe recordar que desde el gobierno del presidente anterior al actual, en 2017, se implementó una política de repatriación de capitales.
Esfuerzo que se verá anulado si se autoriza esta reforma legislativa, la cual se está tramitando en la sombra, en medio de la controversia sobre la desaparición de los fideicomisos judiciales, que ha generado manifestaciones, paros y marchas, cuando es evidente que se trata de una transgresión de “derechos adquiridos”.
En los amparos que se promuevan, incluso un estudiante de primer año de derecho ganará los casos.
El problema no radica en la discusión actual. El problema real es el impuesto que se está implementando en silencio.
Pocos se darán cuenta de este aumento, por lo que miles de ahorradores se verán afectados una vez que pase el tiempo para presentar amparos en su contra.
En consecuencia, la estrategia mediática habrá cumplido su cometido al desviar la atención de una causa perdida, que es la desaparición de los fideicomisos judiciales, y al mismo tiempo, se habrá logrado un aumento en los ingresos a través del impuesto sobre los intereses de los ahorradores en el sistema financiero nacional.
