Notas para una Defensa de Emergencia 

Silvino Vergara Nava 

Es necesario situar a los Estados en el centro de la búsqueda
de una explicación sobre la construcción del capitalismo global.
La mayor proliferación y expansión espacial de los mercados
fue la manera en que las leyes del valor capitalistas quedaron
consagradas como normas de derecho

Leo Panitch y Sam Gindin

En los últimos días se puso en los medios de comunicación la noticia respecto al aumento del salario mínimo programado para el 2024, que al igual que en el 2023 se incrementará 20%; es decir, por decreto.

Se encontrará el salario mínimo arriba del porcentaje de la inflación, decisión que no considera las condiciones del país, de la economía mediana.

No la gran economía de las empresas transnacionales, sino de las empresas que no cuentan con tecnología, inteligencia artificial e infraestructura para hacer frente a estos aumentos y que, dicho sea de paso, son las empresas que sostienen el mayor número de personas laborando.

El aumento al salario mínimo no es otra cosa más que la directriz del nuevo tratado de libre comercio con América del Norte de 2020, que en México mágica y sorprendentemente no tiene detractores.

Los políticos de derecha no pueden criticarlo, porque los tratados de libre comercio son una tendencia a la globalización, pero no se ponen a pensar que las empresas mexicanas no cuentan con la capacidad para hacer frente a la competencia comercial de empresas canadienses y norteamericanas.

Quizá esto se debe a que los actuales políticos de derecha dejaron de ser empresarios desde la década de los 90, cuando tuvieron que cerrar sus empresas como efecto del tratado anterior, para dedicarse a maquilar a los extranjeros.

Otros políticos más de derecha se han dedicado a vivir del presupuesto como diputados, senadores y demás “carguitos públicos”.

Por ello es que no dimensionan lo que está sucediendo en el país con ese nuevo tratado de libre comercio de 2020; por ende, están impedidos para defender a la industria mexicana.

Por su parte, los políticos de izquierda dejaron de ser gente pensante; se olvidaron de los libros, de la academia y se han convertido en miembros de una desafortunada borregada del titular de la administración pública federal, al que no se le critica absolutamente nada.

No obstante, de inicio, firmar un tratado de libre comercio, como el que entró en vigor en 2020, no tiene nada que ver con el pensamiento de izquierda; por ello es que no pueden defender a la empresa mexicana.

Además, ese tratado de libre comercio, que inició su vigencia el 1 de julio de 2020, rompe con las políticas públicas de izquierda.

Pero como ni el titular ni los políticos de pseudoizquierda comprendieron –ya que están más preocupados por arrebatarse cargos públicos de lo que se ofrezca, y en el arte de la corrupción–, pues están dejando ambos –políticos de izquierda y de derecha– al ciudadano de a pie a la deriva; es decir, no hay quien lo represente, ni al empresario y menos aún al empleado.

Es más, si el tratado de libre comercio de 2020 sostiene que se regula y propone una competencia económica “pareja” entre la industria norteamericana y lo que queda de la mexicana, es evidente que no hay posibilidad de comparación ni de competencia alguna; es verdaderamente una ficción el poder competir con esa industria extranjera.

Por ello es que todos los incentivos y aumento de derechos de los trabajadores no son otra cosa más que las políticas públicas que se implementan para evitar que México sea competitivo en los precios de la mano de obra con Estados Unidos de América y Canadá.

Para la izquierda, es obvio que todo lo que representa aumento de derechos de los trabajadores, incremento de concesiones y permisos, lo observan como que corresponde a la bandera que representan y defienden.

Pero no se dan cuenta, por las razones ya señaladas, que esa vorágine de derechos laborales lo único que hará es acabar con la industria y empresariado mexicano que mantiene a la planta productiva, al personal laborando.

Es decir, el problema ya no será la existencia de esos derechos, sino a qué trabajador se le aplicarán esos derechos, ante la salida masiva de empleos y que, por ende, la mayoría de estos sean irregulares.

Ya para ello estarán prestas las instituciones, como la Secretaría del Trabajo, para multar, sancionar, reprender a las pocas empresas que se encuentren de pie en este país, aun con más ganas y resistencia que en realidad por lo que representa contar con una empresa.

En resumen, está muy claro que para el 2024 no hace mucha falta plantearnos la pregunta de ¿quién defenderá a la industria mexicana?

Está claro que no habrá quién, pero el problema no será ese, sino, ¿quién defenderá a los empleados?, quienes, por la implementación de tantos derechos, se quedarán sin empleo.