Por: Lesly Mellado May
Mónica Díaz de Rivera, hoy secretaria de Igualdad Sustantiva, lleva 37 años en el activismo feminista y puede dar cuenta exacta del proceso de institucionalización de la equidad de género.
Este martes compareció ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado como parte de la Glosa del informe del Ejecutivo estatal; más allá de las cifras y actividades generadas por su dependencia, destaco dos de las ideas que ahí planteó: las mujeres no nacimos con el derecho a ir a la universidad, al voto, a ser diputadas; y aunque ahora lo tenemos, la autonomía está lejos de llegar.
La primera vez que hablé con Díaz de Rivera, hace más de 20 años, fue por una entrevista sobre su trabajo en la biblioteca José María Lafragua de la BUAP. Terminó contándome de la lucha feminista y que entonces ni siquiera se reconocía el valor de la maternidad. En las boletas escolares de esa época se pedía la firma del padre o tutor. La manera de protestar era tachar donde decía padre, poner firma de la MADRE y rubricar para dejar constancia que la mujer estaba al igual que el hombre en capacidad de ser “cabeza” de familia.
Dos décadas después, los niños pueden llevar primero el apellido de la madre y en segundo término el del padre, en las boletas escolares oficiales ya dice nombre de la madre, y los niños de primaria abren los ojos, sorprendidos, cuando escuchan que hubo un tiempo en que las niñas no iban a la escuela porque era un derecho exclusivo de los hombres.
Hace dos décadas los medios de comunicación hacíamos encabezados en términos de “matóla y violóla”, hoy aprendimos a escribir feminicidios. Las casas de cultura desterraron las clases de macramé y ahora desde el gobierno se promueven cursos de actividades no tradicionales para mujeres como vidriería, pintura, impermeabilización, bioseguridad…
Tareas pendientes quedan muchas. Antes el argumento para mantenerse al margen de lo que llamaban violencia “doméstica” era que las mujeres no denunciaban, hoy se denomina violencia de género y ya se denuncia pero la estructura judicial no es efectiva en la investigación y el castigo.
Celebramos que el aparato gubernamental cuente con oficinas especializadas en abatir la brecha de género, pero existe el riesgo de que sirvan para legalizar prácticas que abonan a la dependencia de las mujeres.
La clave está en la autonomía. De nada sirve que, por ejemplo, las mujeres representen más del 50% de la matrícula universitaria si permanecen atadas a prejuicios sociales sobre la feminidad y la familia. La cuota de género para cargos públicos tampoco funciona si llegan mujeres por ser hijas, hermanas, esposas o comadres de los “hombres del poder”.
El ideal es que las mujeres puedan decidir con autonomía cómo vivir sin ataduras educativas, económicas, sociales, familiares, amorosas, reproductivas; pero la libertad asusta, al parecer más a ellas que a los hombres.
