Lesly Mellado May
La despenalización del aborto depende del contexto político y de quién es el “valiente” que asuma el costo de la decisión. Así que en Puebla no soplan buenos vientos para conseguir una reforma.
El Ejecutivo ha declarado que ya estamos listos para un debate ordenado sobre el asunto, pero sucede que el año pasado ya se realizó un ejercicio de parlamento abierto cuya conclusión fue la que se sabía con antelación y que nunca cambiará.
Hay dos posiciones: una a favor de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural y, otra que pide reconocer y garantizar el derecho a la maternidad voluntaria.
Ningún bando cambiará de posición en un debate ordenado o desordenado, no hay punto de negociación.
En el parlamento abierto organizado por el Congreso local en abril de 2021, el ala conservadora se aferró al artículo 26 de la Constitución local: “La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes”.
Esta disposición hace más difícil la ruta de despenalización del aborto respecto a lo que ha sucedido en otras entidades del país. De hecho, en ese artículo constitucional también se establece que el “Estado reconoce a la Familia como una institución fundamental”, sí, familia en singular y con mayúscula.
Y aunque esto contraviene lo estipulado en la plataforma electoral de Morena, sus militantes hoy ocupando las sillas del Poder Ejecutivo y Legislativo han volteado la cara hacia otro lado.
El partido Morena tiene entre sus objetivos: “Promover el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres e informadas respecto a su vida sexual, orientación sexual, identidad de género y maternidad voluntaria, que garantice los servicios de salud sexual y reproductiva”, eso dice en el documento oficial entregado al Instituto Nacional Electoral.
Pero el ejercicio del poder es distinto y en Puebla no se ha logrado articular una alianza entre mujeres, académicos, juristas y políticos que permitan despenalizar el aborto. La jerarquía católica, en cambio, ha hecho su trabajo de cabildear para que la Constitución permanezca intacta.
El argumento oficial es que no es necesario cambiar la ley porque no hay mujeres presas por abortar. Pero ese no es el asunto de fondo. El Estado debe garantizar el derecho a la maternidad voluntaria que implica, entre otras cosas, interrupción del embarazo legal, segura y gratuita.
No se trata de moral y buenas costumbres. La interrupción del embarazo libre y gratuita se aprobó hace quince años en la Ciudad de México porque es un tema de salud pública, de justicia social y de la autonomía de las mujeres ante un embarazo no planeado, es decir, del derecho a decidir.
En esencia, se trata de un Estado laico que garantiza derechos. Así se establece en el libro “El proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México” publicado por el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE).
Al revisitar la historia de la despenalización en la capital del país saltan datos como el amago de excomulgar a los legisladores que aprobarán la reforma y un spot de Chespirito en contra del aborto.
Y recordé lo lejos que está Puebla de la CDMX, hace dos décadas me tocó escribir una crónica peculiar: las señoras del cerillo bendito apostadas en la avenida Juárez para impedir que almas perdidas entraran al espectáculo “Sólo para mujeres”… ¡qué tiempos!
Y seguiré escribiendo ¡qué tiempos! El Ejecutivo ha dicho que estamos listos para un debate ordenado que incluya a toda la sociedad, pero también que su tiempo es estrecho para presentar al Congreso iniciativas de reformas trascendentes.
En tanto, sigue vigente en el Código Penal de Puebla el artículo 342: “Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
