Iván Mercado / @ivanmercadonews / FB IvánMercado
El titular del Ejecutivo cumplió su promesa y envió al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma eléctrica que busca condiciones de absoluta ventaja para la Comisión Federal de Electricidad, y una participación claramente acotada en la participación de privados que hoy generan y distribuyen una buena parte de la energía que consume el territorio nacional.
La iniciativa, aplaudida por sus seguidores e incondicionales ha comenzado a ser ampliamente cuestionada por analistas nacionales y especialistas extranjeros quienes advierten de un grave retroceso para la nación si es que la polémica propuesta logra atravesar los incipientes bloques de la “oposición legislativa”.
La intención del presidente es replantear las reglas de un sector que hasta ahora tiene la posibilidad de invertir capitales nacionales y extranjeros desde la iniciativa privada, y así han venido trabajando en la instalación de proyectos renovables en grandes dimensiones físicas y de temporalidad.
Entre otros aspectos a destacar de la polémica iniciativa y según la redacción del documento enviado al poder legislativo, es que será el Estado mexicano el responsable de la operación del sistema eléctrico nacional y lo haría a través de la hasta ahora limitada Comisión Federal de Electricidad.
Según la propuesta original, la CFE tendrá en sus manos, la generación del 54 por ciento de toda la energía eléctrica que consuman los mexicanos, el 46 por ciento restante podría estar en el campo de las empresas, quienes además tendrían que venderle a la paraestatal toda la energía producida toda vez que se plantea que sea esta, la única responsable de la dotación en el servicio público de abastecimiento.
Lo anterior ha comenzado a generar nuevos episodios de incertidumbre entre los inversionistas que ya están en México desde el 2014 y antes, y quienes tienen proyectos de inversión detenidos por los temores fundados de una ley que podría propiciar un franco ambiente de competencia desleal.
En el 2013 México se abrió completamente al mercado de la generación de energía y comenzaron a llegar capitales privados para participar del negocio que planeaba subastas de largo plazo para dar viabilidad a los proyectos planteados a 30, 40 y hasta 50 años a fin de hacer rentable la llegada de sumas multimillonarias a territorio mexicano.
Sin embargo, el documento de origen remarca que los permisos de generación otorgados así como los contratos ya existentes de compra venta de energía eléctrica entre el estado mexicano y la iniciativa privada tendrán que entrar en un meticuloso proceso de revisión para terminar siendo cancelados de manera definitiva.
Entre los capítulos que han generado sorpresa y rechazo entre los inversionistas destaca la extinción y transformación del Centro Nacional de Control de Energía para ser parte directa de una súper Comisión Federal de Electricidad. Así es visualizada por el presidente mexicano.
Y ese es incuestionablemente el objetivo central de la reforma eléctrica recientemente enviada, hacer de la paraestatal un órgano del estado mexicano con autonomía presupuestaria y administrativa, responsable pues, de prácticamente todas las actividades que pretende manejar la “nueva industria eléctrica mexicana”.
La visión e intención pone al país nuevamente en la jabonosa palestra de la duda e incertidumbre para los inversores extranjeros, pero sobre todo, amenaza con enredar al país en una maraña de acciones legales que podrían costarle a los mexicanos miles de millones de dólares en acciones legales de compensación.
Expertos analistas han comenzado a exponer en cifras el riesgo que representa para el país y para la iniciativa privada, una eventual aprobación de la ley en cuestión. Estimaciones primarias establecen que de pasar esta propuesta, las empresas privadas se verían afectadas en inversiones ya existentes que rondan los 100 mil millones de dólares.
Con base en la ley vigente, la iniciativa privada ya ha invertido en el país más del 60 por ciento de esa suma y se preparaba para invertir un 40 por ciento adicional en la consolidación de proyectos que ya vienen trabajando como diferentes gasoductos que atraviesan el país y que estaban proyectados para su conclusión hasta el 2030.
En medio de todo esto, el actual régimen busca devolverle al estado, el manejo pleno de un sector estratégico para cualquier nación, sin embargo, en la actualidad no existe ni la capacidad, ni la infraestructura ni los recursos propios para garantizar el suministro de toda la electricidad que a diario consumimos los mexicanos.
Aunado a lo anterior, ya se anticipan costos aún no cuantificados por las obligadas indemnizaciones por incumplimiento en un sin fin de contratos que se firmaron con base en leyes vigentes y establecidas en la propia constitución.
Los diferendos que podrían brotar a lo largo y ancho del territorio nacional tendrían que dirimirse a través de controversias judiciales y arbitrajes internacionales bajo el principio de que las concesiones otorgadas, los permisos concedidos y los proyectos vigentes, están amparados en contratos y derechos adquiridos en la misma ley mexicana.
Expertos en la compleja materia de los diferendos por contratos incumplidos señalan que de no calcular correctamente esta reforma, el Estado, todos los mexicanos, estarían siendo condenados a pagar, las indemnizaciones que por demandas comenzarían a exigir todos aquellos inversionistas que desde México o el extranjero, pusieron capital en el negocio de la generación de energía.
Sí, nuevamente este México de cuarta transformación pone en tela de duda la viabilidad de una nación que retrocede rápidamente en el competido campo de la competencia internacional, pero no solo eso, también compromete de manera peligrosa, el futuro de su población, la cual lejos de avanzar, pareciera que se empantana cada vez más.
