Rocío García Olmedo/ @rgolmedo / rgolmedo51@gmail.com / rociog@prodigy.net.mx
Un hecho más de violencia contra las mujeres se ha documentado. Una vez más en Jalisco.
Otra mujer ha sido asesinada de la manera más cruel, abominable. Su delito pareciera ser que su hijo molestaba por su problema de salud a los vecinos. Horror.
Y como en cada ocasión, las autoridades de todos los niveles declaran “vamos a ir al fondo del asunto”, “se hará justicia”, “hasta las últimas consecuencias”. Y también, como en muchos otros casos, son las familias de las víctimas las que asumen la investigación de los asuntos. ¿Y las víctimas colaterales, hijos e hijas, familiares? No sólo se quedan huérfanos/as, se vuelven invisibles porque el Estado no los protege.
En la mayoría de los casos, ellas, antes de esa agresión final, pidieron ayuda, informaron a las autoridades, solicitaron protección; y nada, no fueron escuchadas. Después de su asesinato las autoridades hacen esas declaraciones, parecen una burla.
¿En qué momento se podrá entender que las acciones de gobierno deben dejar de ser reactivas, y que urge se aborde toda esta problemática desde la prevención y de forma integral?
¿Cómo evitar que siga escalando y las afectaciones se vuelvan –como ocurre– cada día más graves?
Qué tal si el presidente de México, declara de Seguridad Nacional la protección de las mujeres para poner freno a todo tipo de agresiones.
Si el Estado mexicano lo conformamos hombres y mujeres, y más de la mitad de su población –que somos las mujeres– estamos en riesgo, se convierte en una amenaza que trastoca la estabilidad del país. Agregaríamos aquí los riesgos y las amenazas que viven las víctimas colaterales, que ni siquiera ha sido cuantificado.
Esto se justificaría con sustento en la Ley. Si por Seguridad Nacional se entienden “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleve: la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país” (Ley de Seguridad Nacional Federal, Artículo 3, Fracción I).
Se justificaría también porque tiene que ver con derechos humanos y cumpliría “el mandato constitucional de garantizar la convivencia democrática dentro del marco de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y de proteger a los ciudadanos en el libre ejercicio de sus derechos y libertades públicas” (Seguridad Nacional. Un Proyecto compartido, 2020)
Sería entonces de interés nacional la seguridad de las mujeres y con ello sería considerado como una política de estado prioritaria por parte de todas las instituciones de gobierno de los tres niveles y de los tres Poderes del Estado.
Dejaríamos de estar solo en el discurso. Se asignarían recursos. Se diseñarían estrategias y políticas públicas evaluables para su atención. No habría tantas equivocaciones reiteradas por parte de las autoridades, omisiones, negligencias que abonan a que a las víctimas les hayan quitado la vida. Se combatiría la impunidad existente. No habría distracciones, como las sucesiones adelantadas.
Observamos hoy que el concepto de Seguridad Nacional se utiliza con el propósito de imponer proyectos “prioritarios”. ¿Por qué, entonces, no puede ser declarada una prioridad detener la escalada de violencias contra las mujeres?
Conociendo que el 72.9% de mujeres (7 de cada 10) se sienten inseguras en México (ENSU-INEGI, junio 2022), que junio fue el mes más violento para las mujeres: 89 feminicidios. Que entre abril y mayo crecieron los homicidios dolosos de 224 a 272. Que también crecieron los homicidios culposos de 328 a 349 (SESNSP, 2022).
Se justifica la declaratoria de Seguridad Nacional para proteger a las mujeres.
“La única lucha que se pierde es la que se abandona”.
