Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ www.etellekt.com [email protected] @etellekt_
En las pasadas elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que históricamente el crimen designaba a los candidatos, acuñando el término del “partido de la delincuencia” y culpándolo de los crímenes en contra de otros aspirantes no afines.
Sin partir de sentencias y anclado en los prejuicios, para su gobierno no había motivaciones políticas detrás de estas agresiones.
Al final, admitió que no todo podía achacarse al narcotráfico. Sin embargo, López Obrador jamás esbozó como hipótesis el posible vínculo entre el poder político y criminal como un disparador de la violencia política.
Ni siquiera cuando 93% de los presuntos agresores eran comandos o civiles armados que empleaban las mismas técnicas de ajusticiamiento de los cárteles, de acuerdo con Etellekt.
No obstante, el dato por sí mismo aportaba indicios sobre los autores materiales, pero faltaba aún dilucidar los móviles de esta violencia y su autoría intelectual. ¿Era ejercida por el narcotráfico para adueñarse de los cargos públicos?, ¿los políticos estarían actuando de forma criminal para obtener el poder?, ¿era producto del clima de inseguridad o por razones de índole personal?
O peor aún, ¿el narco pactó con algunos partidos para anular a sus rivales políticos?
Despejar estas incógnitas depende de las fiscalías, a las que los partidos han perdido confianza por su falta de autonomía respecto a los gobiernos y su nula voluntad para agilizar las investigaciones y poner a disposición de la justicia a los responsables, lo que alimenta la impunidad y, en consecuencia, la repetición de estas conductas.
La desconfianza de los partidos va en aumento, en la medida que 76% de las víctimas de las mil 66 agresiones contra políticos y candidatos en el proceso electoral 2021 eran opositoras a los gobernadores de los 32 estados, según Etellekt, a quienes los fiscales les deben el cargo.
Como víctimas, no sólo desconfían de los fiscales, sino del sistema de justicia en su conjunto, en sus estados (muchos de los cuales enfrentarán procesos de alternancia tras los resultados electorales del 6 de junio), y a nivel federal, por su falta de autonomía respecto a los gobiernos, la cual ahora es aprovechada por quienes detentan el Poder Ejecutivo para emprender una cacería judicial sobre sus adversarios con fines políticos.
Ante la crisis del sistema judicial en los estados, lejos de impulsar una justicia imparcial, científica y expedita en el ámbito estatal, y derruir sus ataduras respecto a los poderes locales, el presidente se asume como juez y parte, juzgando y descalificando a los que demandan justicia.
Ese fue el trato conferido al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien al solicitarle audiencia para exponerle la presunta operación electoral de grupos criminales en favor de Morena, el presidente le cerró la puerta y optó por calificar su denuncia como un acto de mera politiquería. ¿A quién recurrir entonces desde una posición de completa desventaja política?
En fechas recientes, la coalición Va por México acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la “intervención (consentida o pactada por el gobierno federal) del crimen organizado en el pasado proceso electoral”.
Solicitar el escrutinio e investigación a la OEA de estas prácticas corruptas y autoritarias, que dinamitan la competencia y convivencia democráticas en México, no sólo es legítimo, sino necesario para garantizar una auténtica democracia, en donde las autoridades electas representen a la ciudadanía y no a criminales o políticos corruptos.
Si la OEA emite alguna resolución que abone a este propósito, sería un error del presidente descalificarla como injerencista. Debe hacerla suya, si se considera un verdadero demócrata.
Por encima del partido del crimen no puede haber más un partido de la corrupción, sino el imperio de la ley y de la justicia, que aplique por igual a todos.
