Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava
Ya nadie tiene una visión.
Nadie puede ya decir lo que va a suceder
y a dónde conduce el camino.
Ciertamente carecemos, en todos los sentidos,
de una visión realista que ilumine el futuro
Hans Küng
Con las últimas reformas constitucionales y legales de diciembre de 2024, se está modificando la organización y competencia del Infonavit(Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), creado en 1972 durante el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez.
Estas reformas pretenden relanzar y cumplir algunos de los objetivos planteados en aquella administración, la cual, curiosamente, comparte afinidades ideológicas con la actual administración pública federal.
El instituto fue concebido como un “organismo fiscal autónomo”, en condiciones similares al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Esto le permite cobrar directamente las aportaciones de seguridad social de los patrones y, en caso de omisión de pago, ejecutar procedimientos de cobro sin necesidad de una orden judicial.
Con el tiempo, el Infonavit fortaleció su papel como autoridad fiscal: realiza auditorías a contribuyentes, cuenta con departamentos especializados en fiscalización y cobro, determina créditos fiscales y embarga cuentas bancarias para recuperar adeudos.
Sin embargo, esta creciente complejidad operativa ha generado problemas de corrupción y un organismo burocráticamente obeso y difícil de controlar.
En la década de 1970, cuando el instituto inició operaciones, se impulsó la construcción de unidades habitacionales en las principales ciudades del país, inspiradas en estilos arquitectónicos de Checoslovaquia y La Habana, Cuba.
Estas unidades, aunque criticadas por su diseño, mejoraron las condiciones de vida de muchas familias mexicanas.
El artículo cuarto de la Constitución consagra el derecho a la vivienda, lo que obliga al Estado a implementar políticas públicas para garantizar este derecho social, uno de los más difíciles de cumplir.
En este contexto, cabe recordar que durante la Segunda Guerra Mundial se implementó en la Ciudad de México la política de rentas congeladas, como medida para proteger a las clases trabajadoras ante el aumento de precios.
Sin embargo, esta política se prolongó durante décadas, lo que derivó en el deterioro de las viviendas.
Para 1986, el terremoto que sacudió la ciudad provocó el colapso de muchas de estas vecindades abandonadas, causando muertes cuya cifra nunca fue claramente contabilizada.
En su papel inicial como constructor, el Infonavit buscó cumplir un propósito noble. Sin embargo, los resultados fueron cuestionables: obras a medio terminar, de mala calidad y estructuras que colapsaron en terremotos.
Los trabajadores participaban en sorteos para la asignación de departamentos, sin posibilidad de elegir, y los sindicatos controlaban gran parte del proceso, generando listas de espera interminables y una gestión ineficiente.
Esto convirtió al instituto en una organización pesada e inoperante.
Cuando el Infonavit abandonó su función como constructor y se enfocó en ser una entidad financiera que administraba y otorgaba créditos habitacionales, sus operaciones mejoraron notablemente.
Sin embargo, con las recientes reformas legales y constitucionales, el instituto retomará su papel de constructor e incluso rentará casas habitación.
Esta medida podría generar problemas en el sector inmobiliario, uno de los más sensibles a las crisis económicas y el que concentra el mayor número de empleos.
Este intento del Estado por acaparar el sistema de consumo nacional pone en riesgo un mercado clave para la economía y el empleo en México.
