Rubén Salazar/Director de Etellekt
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El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la embestida más grave a la soberanía desde la intervención militar estadounidense a suelo mexicano entre 1846 y 1848, en la que Estados Unidos se anexó más de la mitad del territorio de México, tras vencerlo en el campo de batalla y obligarlo a firmar la capitulación con el ignominioso Tratado de Guadalupe-Hidalgo.
¿De dónde provino el ataque a Sedena? Se lo adjudicó un supuesto grupo internacional de ciberactivistas denominado Guacamaya, lo que confirmó de inmediato el presidente al asegurar que los autores no provienen del interior, sino de “una agencia o un grupo del extranjero”.
El Ejército mexicano no ha sido el primero en ser infiltrado por Guacamaya.
Previamente hackearon los sistemas informáticos de los ejércitos de Chile, Perú, Colombia y El Salvador (cuyos presidentes, al igual que AMLO, están bajo la lupa de sus opositores, internos y externos, por su aparente pretensión de promover una regresión democrática en sus naciones), como parte de una operación coordinada por Guacamaya llamada “Fuerzas Represivas”, que plantea ejecutar una ciberofensiva a fuerzas policiales y armadas de América Latina a las que acusan de ser entrenadas por el imperialismo estadounidense, para ejercer “el trabajo sucio de los Estados, de las empresas, (y) de la delincuencia organizada como el narcotráfico”, que cometen delitos contra los pueblos y el medio ambiente, para expoliar sus recursos.
Cualquier parecido con la refinería de Dos Bocas, el corredor del Istmo o el Tren Maya, no es una mera coincidencia.
Para los hackers de Guacamaya, se trata de un proyecto desarrollista del capital nacional y transnacional que, bajo la égida de los Estados Unidos, sigue su marcha en Abya Yala (América Latina), sin importar que sus gobiernos sean de izquierda o derecha, con la finalidad de difuminar modelos alternativos de desarrollo locales, que no empaticen con la globalización o la democracia occidental como forma de gobierno, o que deriven en movimientos guerrilleros o gobiernos revolucionarios que resistan a los postulados del destino manifiesto.
Caben en esta óptica, las obras de infraestructura de AMLO en el sureste, que han resucitado el Plan Puebla Panamá (alternativa al Canal de Panamá), impulsado por el expresidente Vicente Fox, para conectar el comercio de Asia con el este de los Estados Unidos y trasladar la frontera del río Bravo a Puebla, para contener desde allí los flujos migratorios procedentes de centro y Sudamérica. Sus antecedentes datan de la propuesta del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), que abría paso a la explotación privada del germoplasma de la región para negocios biotecnológicos, y de un informe que el expresidente Ernesto Zedillo solicitó a su subsecretario de Hacienda, Santiago Levy Algazi, para replantear el desarrollo del sur-sureste (en respuesta a la irrupción del EZLN en Chiapas), que contemplaba una partida de inversiones públicas para la construcción de infraestructura portuaria, aeroportuaria, carretera ferrocarrilera y de riego -para agronegocios- (Álvarez Bejar, 2001: p. 128), este último, un sector en el que invierte el empresario Alfonso Romo, exsecretario particular de AMLO. Ideas que Levy Algazi (exdirector del IMSS con Vicente Fox) dejó plasmadas en el libro titulado El Sur también existe (2002).
En enero de 2019, Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), declaró que Santiago Levy (entonces vicepresidente del BID), trabajó “muy de cerca con el presidente López Obrador con las reformas” que impulsaba, quien ha logrado llevar más lejos que sus predecesores neoporfiristas (y el mismo Benito Juárez), la construcción del corredor del Istmo de Tehuantepec, un sueño largamente añorado por la nación de las barras y las estrellas.
Planes que ratificaría el embajador Ken Salazar, previo a la pasada Cumbre de las Américas (a la que no quiso asistir el habitante de Palacio), al adelantar que el gobierno de AMLO establecería un control fronterizo en el Istmo de Tehuantepec, para contener el flujo migratorio y el tráfico de drogas, por ser una franja divisoria casi inexpugnable, más fácil de vigilar y controlar, con una longitud de 220 kilómetros, en comparación con los 3 mil 152 km de la frontera norte que la convierten en una barrera altamente porosa. Lo que sería negado –típico- por AMLO.
Contrario a la tesis de Guacamaya, hay una marcada diferencia del presidente con sus antecesores, que nada tiene que ver con la defensa de la soberanía (a la que a ninguno le importa), sino con el control del aparato de corrupción. A diferencia de Vicente Fox, lo que plantea AMLO es que toda esta infraestructura en el sureste (y los negocios lícitos e ilícitos que provea), no debe quedar en manos privadas (o de Estados Unidos), sino de empresas militares, dejando las sobras a empresarios amigos, como la concesión de terrenos federales y playas aledañas, destinadas a zonas hoteleras, que le permitan construir una nueva hegemonía política.
El único problema para el presidente, es que el garrir de la guacamaya le ha quitado ese sueño mientras duerme en su finca en Chiapas, llegando el ruido a Palacio, al cacarear innumerables casos de narcopolítica en México, que involucran a su “hermano”, el secretario de Gobernación y aspirante de Morena a la presidencia, Adán Augusto López Hernández, al que destapó de último momento por ser el único que puede concretar el cambio de régimen que inició en 2018.
Los 4 millones de correos sustraídos a la Sedena por Guacamaya, han sido entregados selectivamente a medios de comunicación, nacionales e internacionales, como El País, rotativo señalado por el presidente de promover los intereses colonialistas de las empresas españolas. No solo hay documentos, existen videos y audios (en la semana se difundió una conversación de la esposa del presidente, obtenida de manera ilegal). Guacamaya entró hasta la cocina de Palacio.
Quienes tengan en su poder esa información, podrán chantajear y extorsionar hasta el cansancio al presidente y a quien lo suceda en el cargo, para imponerles una agenda contraria a los intereses nacionales. El presidente le dio todo el poder al Ejército, excepto dinero para reforzar su ciberseguridad. Terminó por hacerle el trabajo sucio al imperialismo que decía combatir. Como López de Santa Anna, ha entregado la soberanía de México al enemigo. La única forma de revertirlo es jubilando a los políticos mexicanos salpicados por Guacamaya.
