Por: Rocío García Olmedo @rgolmedo/ [email protected] / [email protected]
Palabra de mujer
No podía ser más certera esta frase dicha por el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León ante el feminicidio de Debanhi, que refleja la muy cruda realidad de lo que sucede en los gobiernos, en las instituciones de investigación del delito, en las de administración de justicia, en la sociedad misma.
Datos oficiales reflejan que el feminicidio en México ha tenido un incremento del 137%, y ante ello no hay una estrategia de Estado para enfrentarlo. Tampoco hay seriedad en el manejo de casos por parte de las instituciones. Construyen juicios de valor, prejuzgan, minimizan hechos, y el miedo, el temor de las familias, crece día con día.
Las violencias contra mujeres y niñas por supuesto que no son nuevas, como no lo es tampoco ese machismo toxico que genera las mayores atrocidades de que es capaz un ser humano.
En la década de los 90 se vivió una ola de violencia que puso en la mira a Ciudad Juárez, incluso de organismos internacionales; en aquella época se documentaron más de 700 asesinatos violentos de mujeres, con evidencias de violencia sexual. Hoy nos enfrentamos a un doloroso y exponencial crecimiento ya no sólo de asesinatos, también de desapariciones de niñas y mujeres: entre 9 y 11 mujeres asesinadas diariamente, y, en promedio, 6 mujeres y niñas desaparecidas.
En respuesta: “En todos los estados hay hechos lamentables. En casi todos…”, dijo el presidente López Obrador hace unos días, declaración que sin duda es la evidencia de la normalización de este grave problema. Lo desalentador es que sea en voz de la mismísima persona que debiera generar las condiciones para enfrentar esta terrible realidad, para prevenirla, para atenderla –como lo obliga la normativa– con el propósito de no permitir esas “fallas humanas masivas”, que, está visto, empiezan desde él mismo.
En aquella época –Ciudad Juárez– los tres Poderes reaccionaron. Ruth Zavaleta recientemente hizo un recuento de las acciones que se implementaron: se instalaron comisiones especiales para la investigación (2003), se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua (2004), se instaló un Observatorio de seguimiento a las acciones de gobierno conformado por organizaciones de la sociedad civil; también se tipificó el delito de feminicidio, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres , se otorgaron recursos, se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las locales; se creó el protocolo para
declarar Alerta de Violencia de Género en los casos donde hubiese incremento de homicidios contra niñas y mujeres, hasta que en el Plan Nacional de Desarrollo (2012-2018) uno de los tres ejes fue la igualdad de género, impulsando tres programas especiales; se fortalece al Conavim, se crea un Sistema de información de datos sobre violencia a nivel nacional y se garantiza la participación política paritaria desde la Constitución, y un sinnúmero de compromisos firmados por México en convenciones internacionales.
Hoy, la declaración es: “En todos los estados hay hechos lamentables. En casi todos”, y pareciera que todo lo hecho es ya insuficiente.
Los feminicidios crecen y el Estado no está capacitado para garantizar a las mujeres el acceso a una vida sin violencia.
Casos como el de Debanhi ponen en evidencia las “fallas humanas masivas” que suceden en todos los estados de la República. Indignación, desconsuelo, tristeza, preocupación, coraje, impotencia, desesperanza, desaliento, frustración ante la impunidad, la impericia, la corrupción, la incapacidad, la indiferencia, la negligencia, las trampas, las mentiras.
Por ello, el 93.2% de delitos en México no se denuncian (Envipe), de ahí que la información oficial de casos de asesinatos y desapariciones de niñas y mujeres se acercan muy poco a los casos reales que se viven todos los días. Y en la mayoría de las ocasiones los cuerpos de las víctimas son encontrados por la ciudadanía o por familiares, pero no por las autoridades.
¿El modelo se ha agotado? ¿Se requiere una nueva estrategia inmediata de prevención y de atención? Porque de qué sirve que haya leyes, si no se cumplen.
Requerimos entonces que las autoridades todas, hagan su trabajo, que haya investigaciones verdaderamente convincentes, porque la mayoría de las veces dejan más dudas que certezas. Requerimos entonces de un nuevo Pacto Social.
¿Los gobiernos de los tres niveles, las fiscalías, los jueces, los tribunales, los congresos, los partidos, la sociedad misma, lo entenderán?
¿Debanhi será un caso más como los tantos que nos han conmocionado?
O será, por fin, el caso que deje atrás esa clara y muy cruda realidad que se presenta en todos los casos de violencia contra mujeres y niñas, reflejada en la certera frase: “Fallas humanas masivas” que se cometen todos los días, en todos los rincones del país.
