Rubén Salazar / Director de Etellekt
www.etellekt.com / [email protected] / @etellekt_
Al filtrar más de 4 millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que contienen una estimación de más de 40 millones de documentos confidenciales del instituto armado, los hacktivistas de Guacamaya enfatizaron que, debido a la sensibilidad de la información, la pondrían sólo a disposición de medios de comunicación e investigadores.
Esto para nada garantiza la protección de los datos personales de los militares o de otras instituciones y gobiernos con las que interactúan, ordinaria o extraordinariamente, en el combate a la delincuencia organizada. La seguridad del personal de la Sedena ha quedado comprometida con la vulneración de sus sistemas de información, con lo cual se ha convertido en una institución poco confiable para otras agencias, nacionales e internacionales, con las que debe coordinarse.
Basta un ejemplo. Entre los archivos filtrados se encuentra la nómina completa del Ejército, con “santo y seña” de los nombres de oficiales y tropa, con domicilios particulares e incluso carátulas de las credenciales de elector de algunos generales, como dio a conocer el periodista Carlos Loret, el jueves en Latinus, al presentar estos listados testándolos, para no poner en peligro la seguridad de los militares, lo que prometió desde la semana pasada y cumplió a cabalidad.
Una consideración que podrían omitir otros periodistas o investigadores, con un menor sentido ético, por lo que no hay garantía de que estos secretos de Estado no caigan en manos de la delincuencia, la que no dudará en explotarlos para extorsionar o intimidar a la autoridad con tal de evadirla o extorsionarla.
Peor aún, con los informes de inteligencia de la Sedena, filtrados por Guacamaya, que dan cuenta de posibles casos de narcopolítica en los tres niveles de gobierno, las organizaciones delictivas podrán conocer los pactos que sostienen sus rivales con el Estado.
Apenas el martes, diversos medios de comunicación filtraban uno de estos reportes, con una lista –sin testar–, de 20 exalcaldes de igual número de municipios de Guerrero, presuntamente vinculados con diversos grupos delictivos que operan en la entidad, incluyendo el de un expresidente municipal del PRI, que gobernó la alcaldía de San Miguel Totolapan, hace cuatro trienios, al que Sedena ligaba con el cártel de Los Tequileros.
Desde ese instante, en Etellekt Consultores emitimos una alerta para que nuestros clientes del sector público y privado tomaran medidas preventivas que reforzarán la protección de sus activos, personal, cadenas de suministro y logística, a efecto de reducir posibles daños colaterales a la paz pública y a la población civil, que afectaran sus operaciones cotidianas, derivados de posibles atentados del narcotráfico a funcionarios de los tres niveles, por brindarle protección a bandas contrarias, algo de lo que se han empezado a enterarse, gracias a los Sedena Leaks.
La alerta no tardó en hacerse realidad. El miércoles, presuntos integrantes de Los Tequileros asesinaron a 20 personas, en un doble ataque armado dirigido a las instalaciones del Palacio Municipal de San Miguel Totolapan (en el que murieron siete policías municipales) y al domicilio particular del alcalde del lugar –de extracción perredista–, Conrado Mendoza Almeda, perdiendo la vida, al igual que su padre, el exalcalde de Totolapan, Juan Mendoza Acosta, y cinco funcionarios municipales que se encontraban en una reunión de seguridad.
Los Tequileros anunciaron en 2020 su alianza con la organización del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para “erradicar” a sus enemigos de la Familia Michoacana.
El jueves, un presunto líder de esta agrupación, apodado El Fresa, subiría un video en sus redes sociales en el que sostuvo que Los Tequileros pretendían asesinarlo a él, al alcalde Conrado Mendoza y a su padre, pero de acuerdo con su testimonio logró salvar la vida porque la agresión comenzó antes de que él ingresara a la casa del alcalde perredista.
¿Por qué este presunto delincuente acudiría al cónclave de seguridad en la casa del alcalde? En el video aseguró haber dado muerte a los responsables del multihomicidio, compartiendo imágenes de sus cuerpos. La veracidad del video sería confirmada el viernes por la fiscal General de Justicia de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, quien no descartó que ocurran nuevas masacres en el estado.
Con el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapa, suman 60 los ediles que perdieron la vida de forma violenta en el sexenio (18 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos). Cifra que supera en 25% la incidencia de ediles asesinados en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Contrario a lo que pudiera suponerse, el homicidio del alcalde Conrado Mendoza es apenas el primero en ese municipio en los últimos 22 años. En todo ese periodo, en San Miguel Totolapa habían sido asesinados sólo tres políticos: un exalcalde del PRD en 2012, un dirigente del PRI en 2014 y un regidor titular del PRD en 2015. Siete años de estabilidad que llegaron repentinamente a su fin, cuando los pistoleros le arrebataron la vida a Conrado Mendoza, opositor al gobierno del estado.
Un patrón creciente a nivel nacional. De los 18 alcaldes propietarios asesinados en el sexenio, 15 eran opositores a los gobiernos de los estados (83% de víctimas mortales). Un primer factor de riesgo que eleva la probabilidad de ser presa de estos ataques, sobre todo si se ejercen cargos de elección municipales.
El hackeo de Guacamaya a la Sedena exhibe apenas la punta del iceberg sobre los arreglos entre la política y la delincuencia, amenazando con detonar un segundo factor de riesgo para la seguridad de políticos, funcionarios y autoridades electas, que puede escalar del nivel municipal al estatal o federal, en la medida que actores de estos ámbitos de gobierno queden expuestos por su relación con el hampa y, en consecuencia, inmersos en los ajustes de cuentas por rivalidad delincuencial… y política, dos caras de la misma moneda.
Lo que aleja a México del Estado democrático de derecho al que aspiramos y lo acerca a pasos agigantados a la jungla, al estado de naturaleza, como no se veía quizá desde la Revolución. Apostar por la bota militar para revertir ese destino, lejos de fortalecer a las instituciones, las está conduciendo a un inminente colapso.
