Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Otra vez, el tema de la contaminación del Río Atoyac está en el debate público. Allí ha oscilado durante más de 30 años, largo periodo en el que han abundado indiferencias, engaños y omisiones.
También complicidades y una franca corrupción de los tres niveles de gobierno.
Todo ha confluido impunemente, en tanto que la depreciación del afluente va en creciente aumento.
Han sido muchas las promesas y vanas las buenas intenciones.
El discurso luce agotado.
Mucho ruido y pocas nueces.
Lo único cierto es que hoy en día, el Río Atoyac es uno de los más contaminados del país.
Y que de ser un problema ambiental, al paso de los años se ha convertido, además, en un riesgoso asunto de salud pública para más de 2.5 millones de habitantes de 50 municipios de Puebla y Tlaxcala.
En sus casi 400 kilómetros de longitud, todos los días son arrojados sobre su cauce unas 146 toneladas de materia orgánica, otras 60 de sólidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados.
Mucho más de mil industrias –pequeñas y medianas– arrojan allí sus residuos.
Son fábricas mayoritariamente textileras, pero también las hay alimenticias, químicas y petroquímicas, de bebidas, metalmecánicas, automotrices, de autopartes y productoras de papel.
Pese a que la norma lo exige, la mayoría no cuenta con las plantas de tratamiento necesarias.
Como no se hacía antes, el gobierno estatal decidió intervenir con firmeza para evitar que continúen las descargas de desechos.
Muchas de esas empresas están siendo sujetas a revisión.
Y de ser el caso, en algunas se ha procedido a la clausura.
Era tal su impunidad, que algunas han mostrado resistencia a los operativos de supervisión.
Así lo ratificó hace días Beatriz Manrique Guevara, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.
La funcionaria acusó a responsables de Ciudad Textil, en el municipio de Huejotzingo, por negarse a entregar información sobre las plantas de tratamiento que deberían funcionar para impedir la contaminación del río Atoyac con aguas residuales.
Pese a ello, con la ley en la mano y en coordinación con autoridades municipales y la Comisión Nacional del Agua se ha procedido a las inspecciones y en consecuencia, a varias clausuras.
Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta enfatizó que durante varios años gobiernos anteriores de Puebla y Tlaxcala fueron omisos, pero sentenció que no permitirá que empresas instaladas en Ciudad Textil y alrededores sigan contaminando, ya que “tienen años rompiéndole la madre al Atoyac”.
En fecha reciente ocurrieron otras clausuras en la región de Tehuacán, ahora de tres tintorerías de ropa de mezclilla que usan líquidos colorizantes de alto contenido químico. Seguramente vendrán otras muchas más.
Ya esta semana, el mandatario estatal volvió a incidir sobre el tema y exigió a la iniciativa privada y cámaras empresariales usar plantas de tratamiento para que sus aguas residuales no contaminen.
“Son dueños de grandes empresas y todas contaminan, no tienen plantas tratadoras, todos son muy honorables, yo los llamo a reflexionar y llamo a las cámaras de empresarios a comprometerse con el medio ambiente, a comprometer a sus afiliados que contaminan a que corrijan”.
El llamado de corresponsabilidad lo hizo con la convicción de que cualquier intento de saneamiento en el fluente será inútil, “mientras que industrias, granjas y particulares mantengan sus descargan y residuos sobre el Atoyac”.
Afortunadamente, los empresarios respondieron favorablemente mediante un comunicado, en el que Jorge Moreno Rojas, dirigente de la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, mostró disposición para que sus agremiados sean sujetos a revisiones y al cumplimiento de las normas.
Ya este mismo viernes, el gobernador Barbosa dijo que les toma la palabra y en su conferencia matutina, públicamente instruyó a las secretarias de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, y de Economía, Olivia Salomón, para que ese compromiso sea formalizado.
“Vamos por un acuerdo por escrito, nada de verbal, por escrito”, puntualizó el mandatario, bajo la premisa de que no habrá privilegios para nadie.
También reconoció que Puebla no ha sido visto por la federación con generosidad para poder invertir los recursos públicos necesarios para sanear al Atoyac, pero su gobierno combatirá al menos las fuentes de contaminación.
A ese próximo acuerdo con empresarios, se sumó también esta semana el anuncio de que las cinco instituciones educativas de la entidad que conforman el Consorcio Universitario acordaron desarrollar proyectos de investigación para contribuir el rescate, cuidado y recuperación del Atoyac.
Adicionalmente, justo en estos días, académicos y ambientalistas celebran el Diálogo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación del Alto del Atoyac.
Tienen como objetivo “construir de forma colectiva e integral los insumos necesarios para impulsar la política pública que pueda coordinar los esfuerzos en los tres ámbitos de gobierno”.
Son todos ellos pasos importantes, ni duda cabe.
Más cuando se sabe a ciencia cierta que la Federación no aplicará un sólo peso para el salvamento definitivo del Atoyac, que requiere, por lo menos, unos 8 mil millones de pesos.
Es de lamentarse que el gobierno de la 4T desdeñe los temas ambientales. Su mirada y sus recursos está en otros lares, hacia el sureste del país con obras gigantescas, como el Tren Maya, cuyo presupuesto inicial fue de unos 120 mil millones de pesos y su costo actual ya se duplicó.
Nada importa en la agenda de prioridades que en la degradación del Atoyac vaya de por medio la salud de millones de vidas, expuestas de manera criminal a los contaminantes.
Por lo pronto, se hace lo que se puede y del discurso se pasa a los hechos. Frenar que las factorías ensucien al Atoyac es ya muy encomiable, un paso relevante en un enorme propósito que demanda cada vez más la participación de todos.
