Víctor Reynoso / Profesor de la UDLAP
El antiguo régimen mexicano tenía por costumbre encarcelar a algún político del sexenio anterior, acusado de corrupción. Claramente se trataba de ajustes de cuentas entre políticos, no de intentos de acabar con ese problema. La gran pregunta sobre el caso Lozoya es ¿qué tanto es parte de una política contra la corrupción y qué tanto es un ajuste de cuentas entre grupos políticos?
En varios aspectos el caso Lozoya es muy distinto al de los regímenes hegemónicos. En estos últimos, el o los acusados se iban directamente a la cárcel sin implicar a nadie más. Nadie se preocupaba por si serían juzgados culpables o inocentes: el juicio ya estaba decidido desde el principio. Lo decidía la máxima autoridad política y cuando se daba a conocer el caso ya estaba dictada la sentencia.
Todo quedaba como si el culpable hubiera actuado solo. Sin cómplices. Sin pensar siquiera que el presidente anterior, invariablemente amigo o jefe del ahora inculpado, tenía alguna responsabilidad.
Ahora en cambio, ha seguido, se está siguiendo, un proceso jurídico y mediático. Formalmente la autoridad encargada de la acusación, la Fiscalía General de la República, es autónoma respecto a la Presidencia de la República.
El acusado no sólo no ha sido declarado culpable desde antes de iniciar el proceso. Es posible que libre la sanción legal, al ser un testigo colaborador de la autoridad. Algo impensable antes.
Y la diferencia más notable: las acusaciones apuntan muy arriba.
Más arriba que Lozoya, sólo dos personas: el expresidente Peña Nieto y su mano derecha, Luis Videgaray.
Todas estas diferencias, ¿nos indican que estamos en una auténtica lucha contra la corrupción y no en un ajuste político entre grupos?
No es fácil responder de manera contundente. Muchas de las formas del caso Lozoya indican no sólo que es distinto, sino que hay una formalidad más seria para combatir la corrupción.
Diversos hechos, sin embargo, indican que la política se sobrepone al interés de aplicar la ley, de combatir las prácticas corruptas.
Es el caso del énfasis que el dinero, que ilegalmente recibió el exdirector de Pemex, lo utilizó para comprar votos a favor de la reforma energética. Puede ser cierto, pero el subrayarlo muestra que, más que castigar las faltas a la ley, se trata de castigar a quienes apoyaron esa reforma.
Hay que seguir observando. Sería lamentable que después de décadas se siguiera con lo mismo, aunque con mayores sofisticaciones: usar el aparato policial y jurídico para resolver problemas políticos.
