La apoteosis de la narcoguerra de AMLO

Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ bawww.etellekt.com [email protected] @etellekt_

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Pese a que en su gestión el país su­peró en cifras oficiales el récord de víctimas de homicidio doloso y feminicidio del sexenio de Feli­pe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que su gobierno no apagará el fuego con el fuego, un eufemis­mo que esconde su negativa de aprehender a los delincuentes y someterlos a la justi­cia, convencido que eso reducirá los homi­cidios generados por el narco. Una nebu­losa postura pacifista que ha hecho válida solo en la retórica, porque en los hechos, la realidad del país que asegura haber “se­renado”, expone un paisaje que yace en las antípodas de la Alegoría de la Justicia y la Paz, de Corrado Giaquinto, retratado de forma más fidedigna en La apoteosis de la guerra, del artista Vasili Vereshchaguin.

En este lienzo, el pintor y pacifista ruso plasmaba los horrores de la guerra, tra­zando al centro de la imagen una pirámi­de de cráneos humanos, en medio de un páramo con árboles secos –como el ahue­huete plantado por Claudia Sheinbaum en avenida Reforma– asolado por la ba­talla, con una bandada de cuervos sobre­volando por encima. La obra aludía a las atrocidades del conquistador turco-mon­gol Tamerlán, que ordenaba apilar así las cabezas de las personas masacradas por sus ejércitos en las afueras de las ciudades sometidas, como una señal de predominio sobre los pueblos devastados (inicialmen­te Vereshchaguin la iba a titular como “El triunfo de Tamerlán”), dedicándola “a to­dos los conquistadores, pasados, presen­tes y futuros”.

Y los impulsores del combate del Esta­do mexicano al narcotráfico, pasados, pre­sentes y seguro futuros –AMLO no ha ter­minado con este genocidio, sólo lo ha redi­rigido a los cárteles que considera engen­drados en el sexenio de Felipe Calderón, es­pecíficamente al Cartel Jalisco Nueva Ge­neración– no escapan a esta dedicatoria; López Obrador la recibió con benepláci­to el miércoles, en su homilía mañanera –como un Tamerlán victorioso– glorifican­do el arte de la guerra de los cárteles hege­mónicos –que cuentan con su salvocon­ducto, transitando en una vía ferrocarri­lera con destino a la paz anhelada, que ha sido incapaz de construir legalmente, aún si esta termina siendo más lúgubre que la pintura de Vereshchaguin–, al sostener que las entidades en las que predominan “bandas fuertes” tienen menores tasas de violencia letal.

Puso de ejemplo a Sinaloa, con la pre­sencia del cártel dominante que lleva idén­tico nombre, el mismo que su gobierno ha cobijado con terciopelo en reiteradas oca­siones; primero, ordenando la liberación de uno de sus líderes, capturado por fuer­zas federales hace tres años en el triste­mente célebre operativo del “culiacana­zo”; posteriormente, acudiendo a Badira­guato –la cuna del Cártel de Sinaloa– para reunirse con una de sus familiares, sellan­do el encuentro con un apretón de manos que dejó un tufo siniestro de complicidad entre el poder político y criminal.

Sin embargo, el presidente omitió expli­car cómo es que un grupo delictivo se con­vierte en “banda fuerte” o “banda predo­minante” en un estado, región o munici­pio. Hay cuando menos un par de condi­ciones que explican esa predominancia delictiva, de las que no quiso hablar, cons­ciente que en ambas se observa la colu­sión del Estado:

1) El exterminio de las bandas contra­rias. A diferencia de lo que el mandatario afirma, las víctimas de esta guerra no pier­den la vida en enfrentamientos. Las “ban­das fuertes” incurren en prácticas que ra­yan en delitos de lesa humanidad, que tie­nen como objetivo primario a las personas encargadas de administrar las estructu­ras de lavado de dinero de las “bandas pe­queñas” (los cárteles dominantes se le han adelantado hace mucho al Estado en la ta­rea de golpear las finanzas de sus adversa­rios… inhumanamente, asesinando a fa­miliares o amistades de sus líderes o per­sonas que emplean en sus negocios), a las que secuestran y torturan hasta la muerte, despedazándolas en vida, desapareciendo sus cadáveres en fosas clandestinas o, co­mo Tamerlán, colgando sus cuerpos iner­tes en puentes o haciéndolos montañas con sus restos en los territorios arrasados, en señal de “predominio”, con la mirada complaciente de la autoridad.

2) Contar con protección institucional. Lo anterior implica que los esfuerzos de las instituciones de seguridad y justicia están alineados con los del cártel predominante, arrasando a los más débiles, encarcelando o abatiendo a sus líderes, extraditándolos e impidiendo su ingreso a los territorios ba­jo control, lo que ha derivado en casos de desaparición forzada de delincuentes inva­sores cometidos por elementos policiales que sirven al cártel prevaleciente. Lo que implica protección institucional a los cár­teles dominantes a cambio de sobornos ili­mitados a funcionarios corruptos, que ha­cen cada vez más difusa la frontera que se­para al Estado de la delincuencia; quedan­do los ciudadanos expuestos al poder ex­torsivo de ambas esferas.

El antecedente más notable a la vista, en donde se reúnen las dos condiciones, lo tenemos en el sexenio de Felipe Calderón, aborrecido por AMLO y del que dice ser distin­to, cuando el Cartel Jalisco Nueva Genera­ción (CJNG) se consolidó como una organi­zación predominante en estados del Pacífi­co y del Golfo de México, a costa del genoci­dio impuesto a sus rivales, principalmente del cártel de los Zetas, que al mismo tiempo era combatido por las fuerzas federales, te­niendo su punto álgido en 2011, extraña­mente, sin que frenarán a la par la expan­sión del CJNG, lo que produjo un descen­so de los homicidios ese mismo año, que se mantuvo hasta 2013.

Imitando a Calderón, el presidente López Obrador apostó a una pax narca, for­taleciendo a un cártel dominante, algo ca­da vez más inestable por las alternancias políticas, no sólo entre partidos, sino en­tre facciones dentro de un partido domi­nante, con el poder tejiendo sus pactos granulares con la delincuencia o confor­mando nuevas bandas, dedicadas no só­lo al narcotráfico, pulverizando los pac­tos previos. Nada garantiza al presidente que el próximo gobierno federal proteja a los cárteles que hoy gozan de impunidad y que esas fracturas detonen nuevamen­te la violencia homicida en los estados que hoy presume, lograron un descenso radi­cal de ese delito.

El presidente ambiciona estampar la apología de la pax narca en un mural colo­rido en las bóvedas del palacio que habita, para jactarse de la exigua disminución de los homicidios al final de su mandato (que será tan efímera como la lograda por Cal­derón), arrojando a la fecha 120 mil vidas perdidas y 25 mil personas desaparecidas. Lamentablemente para él, lo único que ve­rán sus ojos, cuando el fresco le sea deve­lado, será algo más parecido a la apoteosis de la narcoguerra, de la que ahora, como lo fue Felipe Calderón en su momento, es su principal instigador.