Rubén Salazar/Director de Etellekt
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La demanda formulada por el gobierno mexicano en contra de compañías de armamento estadounidenses constituye el primer movimiento táctico de una estrategia jurídica a la que sumará otras denuncias, por casos graves de violaciones a los derechos humanos.
Las acusaciones apuntarían a los ex presidentes Barack Obama y Felipe Calderón, junto con funcionarios de sus respectivos gabinetes de seguridad, por haber presuntamente planeado y ejecutado operaciones anticrimen, en algunos casos vinculándose a grupos delictivos –como en el caso de Genaro García Luna–, que podrían tipificarse como delitos de lesa humanidad.
Destaca especialmente el operativo Rápido y Furioso, en donde se entregaron fúsiles de asalto a los cárteles para ubicar –infructuosamente– a sus líderes. Arsenales que terminaron siendo empleados por los criminales en infinidad de masacres para deshacerse de sus rivales y de cientos de agentes de seguridad.
Al lanzar esta ofensiva jurídica, el objetivo de López Obrador es tener un as bajo la manga que estaría dispuesto a emplear nuevamente –lo habría hecho con Trump para exigir la liberación del general Cienfuegos– con objeto de contrarrestar la injerencia del gobierno de Joe Biden en los asuntos internos de México, sobre todo en materia de corrupción.
Para el presidente Biden es más viable aceptarle el reto al gobierno mexicano e impulsar una política más restrictiva para la venta de armas, una promesa que formuló como senador y candidato. A cambio, ¿López Obrador tendrá la misma disposición para combatir la corrupción en las aduanas y frenar el tráfico de pertrechos provenientes de otros países?; ¿estará dispuesto a emprender operaciones para desarmar a los cárteles o apostará por dejarlos impunes?
De no ser así, la demanda presentada por el canciller Ebrard está lejos de abonar a la pacificación y parece más bien centrada en defender el proyecto político de la Cuarta Transformación, ante los temores crecientes de que funcionarios de la misma estén dentro del radar de la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dedicado a perseguir casos de corrupción política a nivel internacional.
En esta relación asimétrica con Estados Unidos, López Obrador apostó a jugar a las vencidas, preocupado de que Biden transite de la guerra contra el narco a la guerra contra la corrupción, por lo que buscará a la par desviar la atención de los casos de deshonestidad en su propia administración, emulando a Peña Nieto y Daniel Ortega; es decir, perseguirá la corrupción de gobernadores emanados de la oposición y posiblemente alguno de Morena que no tenga su aprecio.
