Anselmo Salvador Chávez Capó / Profesor Investigador de la UPAEP
En el Paquete Económico para 2024, la Secretaría de Hacienda propuso un déficit fiscal de 4.9% el PIB, el más elevado en los últimos 30 años.
Si entendemos, el déficit público no deja de ser un desajuste entre los ingresos y los gastos de un país; por tanto, conlleva la necesidad de cubrirlo vía endeudamiento.
Es lo mismo que sucede en cualquier empresa o en cualquier hogar: si gastamos más de lo que ingresamos, necesitamos financiamiento.
Cabe señalar que este paquete contempla niveles de déficit presupuestario de 3.3% en 2023 y 4.9% para 2024, que sería el más elevado desde 1988.
Por su parte, en el balance primario se espera un superávit de 0.1% del PIB en el presente año y un déficit de 1.2% en el próximo, que también sería el más elevado en más de 30 años.
En este sentido, se debe señalar que el balance público ha presentado un constante deterioro de manera sexenal.
Si presentamos la manera en que los gobiernos se han endeudado desde el año 2000, en el cuadro 1 vemos que el gobierno actual se ha endeudad 34.7% más que el gobierno anterior. Cuadro 1
La relación directa entre déficit público se ve reflejada en la deuda del sector público, donde el monto de la deuda se compara con la capacidad de generar riqueza (PIB).
En el cuadro 2 se observa la manera en que el gobierno se ha venido endeudando, en relación del PIB. Para el gobierno actual la decisión de incrementar es una mala señal ya que los compromisos contraídos. Cuadro 2
Hay dos preguntas pertinentes que deben hacerse respecto a esta decisión de política fiscal.
La primera es la razón por la que se optó por un esquema de mayor endeudamiento en el último año de la actual administración.
Para 2024, Hacienda estima que el sector público tendrá un gasto de 9 billones 22 mil millones de pesos, lo que será 4.3% superior en términos reales al de 2023, lo cual significa un desembolso de 368 mil 800 millones de pesos más.
Por ello, el costo financiero de la deuda, derivado de las mayores tasas de interés imperantes, representará 36% del incremento total. Asimismo se debe considerar que el gasto en pensiones crecerá 7.3% en términos reales y su incremento significará otro 28% del aumento, con lo que se presentan presiones inerciales derivadas de compromisos contractuales y de cambios constitucionales, que limitan el llamado “gasto discrecional”.
El Estado tiene diversos mecanismos de corregir este déficit; a continuación presentamos los principales:
Incremento de la deuda pública
Es la primera medida a adoptar, siempre que haya margen para ello con la finalidad de reactivar la economía.
Conceptualmente, se considera que es un préstamo entre generaciones; quienes vivimos ahora traspasaremos nuestros gastos para que los paguen nuestros hijos.
Pero esa teoría pide invertir en economía productiva, no gastar en proyectos que no incrementan la productividad.
Sin embargo, todo tiene un límite y llega un momento en que los que nos prestan dinero se plantan y cierran el grifo. En ese momento hay que tomar medidas.
Reducción de gastos
Los famosos ajustes y recortes.
Hay que apretarse el cinturón.
Primero se intenta con gastos más superfluos, pero al final llegan a la raíz del gasto: sanidad, educación, dependencia, pensiones, funcionarios, etc. Todos se ven afectados por la disminución del gasto.
Incremento de Ingresos
No sólo se actúa por la línea de gastos, que es la más impopular, sino que también se intentan incrementar los ingresos vía aumento de impuestos, tasas, copagos, etcétera.
Así desde todos los ámbitos: Estado central, comunidades, ayuntamientos, etcétera. Al final, los ciudadanos pagan mucho más por menos servicios.
Ante esta circunstancia, las opciones que tenía Hacienda eran recortar fuertemente ese gasto o bien abrir un poco más la llave del déficit, para aumentarlo en un estimado de 1.6 puntos del PIB y pasar de 3.3 a 4.9 % del PIB. Como podemos ver, esto último fue lo que pasó.
Cuando se presentan las posibles consecuencias podría suceder que la demanda de recursos por parte del sector público genere un efecto de escasez para los recursos disponibles para prestar al sector privado, podría generarse una situación de riesgo.
En el otro sentido, la dimensión absoluta del déficit cuestionará a los mercados respecto a la capacidad de pago del sector público mexicano, Creo que tendríamos en puerta una degradación de la deuda pública del país.
Aunque pudiera parecer que el hablar de deuda pública, PIB, déficit y demás tecnicismos queda muy alejado de los problemas del día a día del ciudadano medio, la realidad, como hemos comprobado en los últimos años, es que todo ello incide de forma muy relevante en su vida diaria; en los servicios que recibe del Estado y en los pagos en forma de impuestos y tasas que debe atender.
