Rodolfo Rivera Pacheco
Casi toda la semana que pasó hubo un debate (mediático sobre todo, y por supuesto legislativo, que se trasladó al ámbito empresarial) centrado en la iniciativa (ahora ley) que presentó el Gobierno del Estado para reformar la Ley de Educación en el Estado de Puebla.
El punto central de la polémica fue que se difundió que el gobierno, con el nuevo ordenamiento legal, pretende “quedarse con los inmuebles de las escuelas particulares”, por un lado y porque “quiere imponer nombres
y colores” a las escuelas y también porque “atenta contra la iniciativa privada educativa” al pretender imponer controles a los cobros de colegiaturas y cuotas. Por último “porque atenta contra la autonomía universitaria” al ordenar que la universidad pública (cualquiera que reciba recursos del Estado) acepte que se le fiscalicen esos recursos por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dependiente del Congreso local.
Pero no todo es como se quiso difundir, hay bastantes mitos y exageraciones.
En primer lugar, la “nueva” ley es una simple armonización con la Ley General de Educación que rige a todo el país y que emana de la propia Constitución General de la República en su artículo tres. NO son nuevas
la mayoría de esas “perversas” disposiciones.
Siempre, la Secretaría de Educación Pública (Federal y Estatal) ha tenido la facultad de otorgar Registros de Validez Oficial de Estudios (los famosos Rvoe) a particulares que quieran impartir educación en cualquier nivel y de cualquier tipo. PERO tienen que cumplir una serie de requisitos lógicos, si es que quieren tener ese registro oficial y con ello ofrecer a los padres la seguridad de que la enseñanza que ahí se imparte, es válida para continuar en los distintos niveles.
En cuanto a instalaciones. Es obvio que si tienes una escuela, debe haber instalaciones decorosas para que la enseñanza sea efectiva. Salones construidos para ser aulas educativas, patios, canchas deportivas o zonas
donde practicar educación física, laboratorios, sanitarios y, hoy en día, aulas con adelantos tecnológicos, acceso a internet y un largo etcétera. PERO además, contar con todos los elementos de protección civil.
La ley ahora dice que todos los muebles e inmuebles son parte del “Sistema Educativo Estatal” porque efectivamente así es. Todas las escuelas forman parte del sistema y sus instalaciones deben de adecuarse a lo que la normatividad indica. PUNTO. ¿Eso es querer quedarse con las instalaciones de los colegios? Por favor.
Hay una bola de universidades que se abrieron en cocheras de casas, en departamentos y hasta en bodegas, sin cumplir con requisitos mínimos ya no digamos de excelencia académica, sino de simple protección civil. Los dueños de escuelas privadas (con honrosas excepciones desde luego) siempre se rehúsan a invertirle a sus instalaciones porque todo lo quieren de ganancia personal y pues no. Hay escuelas particulares en condiciones deplorables, pero los dueños en los mejores automóviles. TODOS los sabemos.
Segundo, el tema de “nombres y colores”.
Siempre han existido varias disposiciones al respecto y la “nueva ley” solo las actualizó.
NO se puede poner nombre de una persona viva a una escuela, por muy destacada que sea. No se puede poner el nombre de un político por hacer referencia a un partido, sindicato. No se pueden poner nombres religiosos
a las escuelas (cualquier religión… y aún así conozco varios que sí lo tienen). Ahora también se iba a prohibir uso de colores determinados, pero eso se retiró. ¿Esto está mal?
Tercero, el tema de las cuotas y colegiaturas. Por supuesto que es legal que una escuela privada cobre una colegiatura. Tiene que mantener con sus recursos las instalaciones, pagar a la planta de profesores, el mantenimiento, limpieza, etcétera.
Pera la nueva ley NO prohíbe el cobro de colegiaturas ni impone tarifas. Lo que la ley dice es que NO debe haber abusos en los cobros por los servicios (hay escuelas que cobran hasta por darte una credencial, cuando
es obligación otorgarla), que no debe haber obligatoriedad en la compra de uniformes y
útiles escolares (hay escuelas privadas que imponen la venta de los uniformes ahí mismo a precios de locura e imponen una lista de útiles absurda, con kilos de material para uso de la escuela, NO del alumno). Y por
último, la ley prohíbe que la escuela o universidad retenga documentación oficial por falta de pago de cuotas o colegiaturas. ¿Está mal esto, en medio de la crisis del COVID-19?
Finalmente, la nueva ley ordena a las universidades públicas (varias en Puebla aparte de la BUAP, como las Universidades Tecnológicas, los Tecnológicos oficiales, las Normales y varias más) que reciben recursos
del Estado para su funcionamiento, que deben aceptar las auditorías de la ASE y rendir cuentas de ello.
Pregunta: ¿eso es “atentar” contra la autonomía universitaria?
Esos puntos son de los que se quejan y abominan los empresarios de Coparmex al día de hoy, de la nueva Ley de Educación en Puebla. Dicen que no se “consultó” a directivos, padres y rectores para su diseño.
Pregunto: ¿Se tiene que consultar a quien sistemáticamente está en contra de TODO lo que propone, dice y hace el actual gobierno? Obviamente están en desacuerdo con la nueva ley, pero creo honestamente que ya es hora que se acaben los abusos (reitero, hay honrosas excepciones) de los dueños de instituciones privadas que se han enriquecido los últimos cincuenta años, de una concesión por la que tienen que cumplir REGLAS.
Es cuanto.
[email protected], [email protected]
Twitter: @rodolforiverap
Facebook: Juan Rodolfo Rivera Pacheco
www.beapmexico.org
