Nora Yessica Merino Escamilla
Fue histórica para Puebla la pasada semana en el Congreso del Estado, cuando fueron aprobados en comisiones dos importantes temas que nos colocan como pioneros y punta de lanza en materia legislativa: la violencia ácida y la Ley Monzón, ambas a partir de momentos trágicos que marcaron y conmocionaron el país.
La violencia ácida hay que entenderla como los ataques con agentes químicos. Se define como el acto de lanzar ácido o una sustancia corrosiva similar en el cuerpo de otra persona, con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o matarla. Los perpetradores de estos ataques arrojan ácido usualmente al rostro de sus víctimas, quemando y dañando el tejido de la piel, a veces exponiendo y disolviendo los huesos. Los tipos más comunes de ácido usado en este tipo de ataques son el sulfúrico, el nítrico y el hidroclórico, las consecuencias a largo plazo de estos ataques incluyen ceguera, cicatrices permanentes en cara y cuerpo, así como dificultades psicológicas y económicas.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha señalado que los ataques con ácido en la cara es la marca de la posesión machista, agresiones con una altísima carga simbólica, ya que pretenden marcar de por vida, dejar en el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio, una huella imborrable y dramática.
El ácido y otras sustancias abrasivas son utilizadas en muchos países como un arma, que no sólo pretende causar un sufrimiento físico enorme o incluso la muerte, sino también imponer una condena social que la acompañará de por vida.
Como presidente de la Comisión de Igualdad de Género, estoy muy contenta de que pudimos aprobar tanto la conceptualización de esta violencia, así como establecer en el Código Penal como tentativa de feminicidio, que será castigada por lo menos con 40 años de prisión.
Por otro lado, en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia se discutió el dictamen por el cual se emite la Ley Monzón, que deriva del feminicidio presuntamente planeado por su expareja sentimental a la activista y amiga Cecilia Monzón. El objetivo de esta reforma al Código Penal plantea la suspensión de la patria potestad de los menores hijos que existan, dándoselas inmediatamente a la familia de víctima.
Es impensable que los menores tengan que convivir con el agresor y feminicida de su madre, esta situación no debería permitirse. Es por ello que se presentó esta iniciativa que, por unanimidad, fue aprobada en comisión, con el objeto de velar por el interés superior de los menores, que son nuestra prioridad. Además, estos hechos no sólo lastiman a los menores, dañan a la sociedad entera. La frialdad con la que se cometen estos actos atroces no deben quedar impune y, mucho menos, dejar expuestos a los menores ante personas que han perdido su humanidad.
Celebro, por supuesto, este logro; sin embargo, debemos seguir trabajando para blindar a nuestra sociedad de estos actos, debemos seguir atendiendo lo que ha provocado esta situación, atender las causas es y seguirá siendo la única forma de acabar con estos terribles capítulos que nos han tocado vivir.
