Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava
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Cuanta más información se libera,
más inabarcable nos resulta el mundo;
la producción de información,
que es un presupuesto de la democracia
Daniel Innerarity
Desde el inicio de esta administración pública federal, ya en el lejano 2018, se sostuvo que no se aumentarían las tasas de las contribuciones, lo cual se ha cumplido parcialmente, pues con el aumento de los salarios mínimos aumentan los montos de las aportaciones de seguridad social; esto es, las aportaciones que corresponden al IMSS y al Infonavit. Las consecuencias lógicas han sido despidos, empleos informales, sustitución de la mano de obra por tecnología y disminución de la planta laboral. Pero eso no es todo, también se cuenta con las regulaciones, como es el caso de las previstas en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, en donde se prevén tasas impositivas que aumentan proporcionalmente a la inflación. Es evidente que, al no haber derogado esas regulaciones, se han aumentado las contribuciones que corresponden a la enajenación de combustible, tabaco, bebidas refrescantes, lo cual es suficiente para que afecte el bolsillo de los ciudadanos de a pie. Esta misma situación se ha presentado en el caso del aumento del impuesto sobre la renta por la obtención de intereses. En resumen, se ha dado cumplimiento a la promesa de no aumentar los impuestos de forma parcial.
Pero eso no es todo, dentro de esa promesa, expresamente, se ha modificado el sistema fiscalizador con mucha más represión a los contribuyentes; desde luego hacia los regulares; los que siempre están siendo vulnerables de las acciones de las autoridades fiscales; es decir, los contribuyentes medianos y pequeños. Los demás siempre salen airosos o encuentran alternativas políticas para la resolución de sus problemas tributarios, y a los pequeños las redes de las autoridades fiscales no alcanzan a apresarlos.
Así, tenemos que esa represión se ha traducido en reformas fiscales que poco a poco están acorralando a los contribuyentes, como es el caso de un mayor número de listas negras del SAT respecto a incumplimientos mínimos de los particulares, lo cual, a pesar de que la Corte de este país sostenga que no se trata de penas infamantes, la única explicación para llegar a esa decisión es que no cuentan con tiendas, talleres y negocios pequeños propios a los que cualquier viento les causa hasta la quiebra.
Y así nos podemos seguir con otras reformas fiscales que versan sobre más cargas administrativas para los contribuyentes, vigiladas por las autoridades fiscales por medio de lo que pomposamente se ha denominado por los tribunales como “facultades de gestión”. Es el caso de toda la serie de regulaciones que se han presentado en relación con los comprobantes fiscales digitales por internet, que hoy son todo un tratado de complejidades, a veces, y para muchos contribuyentes, imposibles de cumplir, a los que se debe adicionar los denominados complementos de los CFDI que, como el caso de los denominados complementos carta porte, son una serie de requisitos que rayan en lo absurdo y que están provocando que la velocidad que se requiere en la economía se vaya desacelerando; prueba de ello es lo que sucedió en el mes de enero de 2022, uno de los económicamente más complicados de los últimos años atendiendo a la inflación, a la lentitud de la economía, pero, sobre todo, a esta represión tributaria.
Pero esto no es nada si se analiza lo que ha sucedido con las infracciones y las sanciones a los contribuyentes. Tal es el caso de las multas por no cancelar los comprobantes fiscales en el plazo de ley, no expedir el complemento de los CFDI, no acreditar la materialidad de las operaciones con los proveedores.
Pero, particularmente, se han implementado nuevas obligaciones y, como consecuencia, nuevas sanciones, que son las que corresponde integrar en la contabilidad los datos del denominado “beneficiario controlador”, que es una nueva figura prevista en la legislación fiscal a partir de 2022, pero que sin permitir un espacio para que los contribuyentes conozcan el alcance de la obligación, los datos y pasos que se requieren para cumplir con esa obligación, inmediatamente entró en vigor el 1 de enero de 2022, y lo preocupante es el monto tan alto de las multas, pues estas oscilan entre 500 mil y 2 millones de pesos, todo por no contar con la información las personas morales de quien es el citado beneficiario controlador, que provocará que muchos de los contribuyentes se topen con ese incumplimiento, más por desaciertos que por el interés de evadir la obligación, por lo cual es lamentable que, si bien la propuesta era no aumentar los impuestos, sí ha aumentado la represión en forma desmedida a los contribuyentes de siempre; es decir, a los de a pie.
