La propuesta de crear una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes es una buena medida para proteger los derechos de ese sector social y fortalecer la impartición de justicia, pero es insuficiente para erradicar la violencia.
Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, consideró que la complejidad del tema exige un seguimiento profundo, así como apegarse a la convencionalidad y a la constitucionalidad.
Resaltó que no es posible verlo como un tema lineal, a resolver por el medio jurídico y punitivo, sino a través de una política pública que cuente con cooperación entre las instancias con poder para actuar.
Por ello se debe contar con una coparticipación de pedagogos, psicólogos, criminólogos, abogados y médicos especializados en la población a atender.
Aunado, se deben generar políticas públicas con un plan de prevención del delito y estrategias de difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Curiel Tejeda lamentó que no haya un conocimiento de fondo por parte de las personas responsables de crear o dar soluciones a esta problemática, por lo que la intención –aunque buena– no funcionará.
Recientemente, en Puebla, fueron muy sonados los casos de la pequeña Yaz de siete años, otra menor de 10 años y de un bebé de dos años en Palmar de Bravo, fallecidos tras ser víctimas de violencia.
El 3 de febrero, la diputada local Nancy Jiménez Morales, del PAN, propuso ante el Pleno del Congreso del Estado crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes.
