Por: Ramsés Ancira/ @ramsesancira
Historias para armar la Historia
Tiene toda la razón el presidente Andrés Manuel López Obrador: es muy ofensivo que se pidan los datos de la credencial de elector a quienes acuden a suministrarse la vacuna contra la COVID, pero la ofensa no es para el gobierno, sino para los ciudadanos que se sienten extorsionados con fines partidistas.
La polarización política que vive el país no permite añadir nuevos elementos de confrontación entre mexicanos, afortunadamente el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ya informó a nivel nacional que a nadie se le debe exigir su credencial de elector, ni mucho menos tomarse una fotografía para garantizar que le aplique una segunda dosis.
Hay matices y hay que mencionarlos. La credencial de elector es el instrumento más valioso que tenemos los mexicanos para identificarnos. La exigen los bancos para abrir una cuenta; es imposible registrarse en una Afore si no se cuenta con ella. Es indispensable para que los adultos puedan obtener un pasaporte. La entregamos sin miedo cuando se nos pide para ingresar a un edificio público o privado de alta seguridad. Sin ella, por ejemplo, no podemos entrar a las oficinas de Google o de Twitter, por hablar de dos transnacionales libres de toda sospecha de recabar datos electorales.
Entonces sí, con la gran experiencia en corrupción que tenemos los mexicanos, suena lógico que haya requisitos mínimos para vacunarse. La credencial de elector demuestra que los solicitantes sean mexicanos y, por ejemplo, que vivan en la delegación en la que está programada la vacunación del día.
Además, en la credencial se incluye la clave de CURP, que casi nadie se sabe de memoria. Esos datos son imprescindibles para saber cuál vacuna fue la que se aplicó a cada persona y, en su caso, llevar una estadística de la que fue más efectiva por grupos de edades.
En el fondo el problema es que casi ningún adulto cuenta con una cartilla de vacunación vigente y, aunque la tuviéramos, no tiene los elementos de seguridad suficientes. También la necesidad imprescindible que tiene el Estado de asegurar que estas vacunas no sean objeto de piratería, tráfico ilegal o incluso de que alguien se las aplique más veces de lo necesario, ante la duda de que la dosis haya sido efectiva.
El problema real y de fondo es que la misma credencial que tenemos para votar funciona como documento de identidad nacional. Ya hubo intentos de que se elaboraran documentos distintos para cada función, pero en ese caso también hubo quejas en las que se alegó –con razón– que el costo era muy alto, que no había necesidad de usar dos credenciales, si con la misma se podían realizar todo tipo de trámites y, además, que la oficina de gobierno que contratara a empresas privadas para esa nueva identificación ganaría miles de millones de pesos por el soborno al que se prestaba.
Veamos por otra parte: el uso ilegal de estas credenciales ha sido ampliamente documentado.
Fue así como Carlos Salinas de Gortari se apropió de la Presidencia de la República en 1988. A pesar de que el Instituto Federal Electoral (IFE) se fundó en 1990, todavía en las elecciones intermedias de 1991 (y de esto fui testigo presencial), la Secretaría de Gobernación entregaba docenas de credenciales a votantes del PRI, quienes por otra parte eran amenazados de que, si no se integraban a los carruseles, no podrían regularizar los terrenos que habían ocupado en zonas prohibidas, ejemplarmente en el municipio de Chimalhuacán.
Un carrusel, para la mayoría de los jóvenes lectores que ignoran cómo se las arreglaba el PRI para robar elecciones (y también para los dogmáticos ideológicos que ya hicieron posible por olvidarlo), consistía en una caravana de autobuses pagados por el Revolucionario Institucional para conducir a docenas de personas, incluidos adolescentes con edades desde los 12 años, para llevarlos a una casilla. Allí votaban y con un artilugio perforaban esa credencial. De ahí se iban a otra casilla, donde sacaban otra credencial, volvían a votar por el PRI y se iban a otra, a otra, a otra… y así hasta que se acababa el día, dando vueltas como los caballitos de las ferias para votar una y otra vez.
Para más señas, cabe mencionar que cada uno de estos votantes llevaba en las manos tantas credenciales que no les alcanzaban ni las bolsas ni las manos para guardarlas todas.
Ahora que es un organismo autónomo, el INE –el que lleva el control– ya es casi imposible que la gente tenga más de una credencial y en el caso, por ejemplo, que se la roben o la extravíen, automáticamente queda anulada la anterior.
Para fundar un partido o agrupación política nacional o local también se pide determinado número de afiliados. Hay dos maneras de conseguirlos: una de ellas es pagarle 500 pesos a las personas para que regalen una fotocopia de la credencial.
Otra fórmula, que se emplea para obtener tarjetas de crédito y no pagarlas –pero principalmente para obtener registros, votos o falsa militancia– es muy simple: los operadores se apalabran con los dependientes de papelerías y les piden que cuando alguien acuda a sacar fotocopia de su credencial de elector, lo hagan dos o tres veces. Si una copia cuesta 1 peso, ellos se las pagan en 50 y listo. ¡Ya pueden registrar su partido u organización política!
De esta misma manera se pueden crear empresas fantasmas y facturerías. Así se explica cómo muchos contratos millonarios, al ser investigados, resulta que van a las direcciones y se encuentran a un mozo, un jardinero o una sirvienta, sin que ellos hayan sabido que en su nombre se cobraron cientos de millones de pesos.
La guerra sucia es un problema de seguridad nacional cuando confluyen dos hechos históricos: la mayor vacunación y la mayor votación en la historia del país.
Por otra parte, para muchos es difícil distinguir entre los “Servidores de la Nación”, que portan un chaleco con el escudo nacional, y los promotores de Morena, quienes ilegalmente se están ofreciendo como gestores de la vacuna y que –seguramente– reciben una compensación por recabar credenciales de elector, ya que es mucho su afán por obtenerlas.
Hay, pues, un uso legítimo y uno asquerosamente priísta de las credenciales de elector. Ya no será obligatorio llevarlas. Sólo la CURP, aunque ésta no tiene datos que se necesitan para conservar el orden de la vacunación, como es el de la delegación o zona postal donde viven las personas. Incluso se puede pedir que la credencial no lleve nuestra dirección completa, pero sí se requieren esos datos.
En consecuencia, hay razones válidas para llevar la credencial de elector a la hora de vacunarse, la fotografía incluso puede hablar por sí misma en torno a las condiciones en las que se encuentra la persona cuando decide vacunarse. Lo que de ninguna manera se vale es que el partido Morena les pida a sus promotores que obtengan copia de las credenciales. Si no hubiera ya suficientes razones para que la Comisión Nacional de Honor y Justicia le pida a Mario Delgado su renuncia por improvisar candidatos, cuando tiene a sus propios cuadros, agréguese ahora su complicidad para pedir fotocopias de la credencial del INE
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