Rubén Salazar/Director de Etellekt
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H an transcurrido más de 27 años del magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y las dudas sobre la responsabilidad intelectual y material de Mario Aburto no sólo continúan sembradas en la opinión pública, sino en el propio régimen.
La primera instancia del mismo en externarlas fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, el pasado 26 de octubre, mediante la recomendación 48VG/2021 enviada a la Fiscalía General de la República (FGR), en la que le solicitaba reabrir la investigación del homicidio, tras documentar los presuntos actos de tortura a los que fue sometido el sentenciado, desde su detención, para obligarlo a confesar su culpabilidad, por elementos de la extinta Policía Judicial Federal, y custodios del penal del Altiplano, según denunció en una entrevista a personal de la CNDH que lo visitó el 12 de febrero de 2021, en la que reclamó “la reapertura de su caso, porque es necesario que se le dé a conocer la verdad a toda la sociedad”.
Un año atrás, a pregunta de la periodista Laura Sánchez Ley, de si había cometido o no el delito que se le imputaba, respondió tajante: “Soy inocente y no fui”.
La recomendación de la CNDH –que al mismo tiempo se convertía en el megáfono de Aburto–, tocaría las puertas de Palacio Nacional un par de días después, y le serían abiertas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a Mario Aburto brindarle seguridad a él y a su familia, si estuviera dispuesto a ofrecer una versión distinta, con el interés de que no exista ninguna duda sobre el asesinato y, por tratarse de un “acto de justicia y (…) un asunto de Estado”; por lo que pidió a Alejando Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, ponerse en contacto con el quejoso y su familia.
Hace unos días, en su Tercer Informe de Actividades –en un hecho que pasó desapercibido para los medios nacionales–, Alejandro Encinas mencionó que la FGR aceptó la recomendación de la CNDH, “lo que implica la reapertura del caso”.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado la versión. Sin embargo, la postura de AMLO de escuchar a Aburto contrasta con su marcado desinterés de esclarecer otros ataques mortales a candidatos en su gobierno, a los que solía dar carpetazo –sin ser fiscal–, acusando a los cárteles del narcotráfico.
Pese a lo cual, el anuncio reviste gran importancia para determinar si hubo o no un crimen de Estado y, de haberlo, llevar ante la justicia a los implicados, sin importar que estos pertenecieran al partido de la víctima.
Pero también porque coincide con la aparición de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Colosio Murrieta, y actual alcalde de Monterrey, por Movimiento Ciudadano, en la encuesta presidencial rumbo a 2024 de Reforma, posicionado en empate técnico con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, los dos aspirantes punteros del partido oficial.
La figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta goza de un gran reconocimiento y aceptación social en las generaciones que conocieron su trayectoria y trágico desenlace. En una encuesta telefónica realizada por BGC en 2014, 84% de los entrevistados contaban con una impresión buena o muy buena del excandidato presidencial, mientras que en otro sondeo de Mitofsky, levantado el mismo año, 66% de los encuestados decían que habría sido un buen presidente. Su apellido representa el principal activo de su hijo, Colosio Riojas, y como novel político goza de un prestigio impoluto, del que carecen las “corcholatas” favoritas de AMLO, abolladas por el colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro.
De confirmarse lo dicho por Encinas y de hallarse indicios que apunten al crimen político, el golpe mediático no sólo terminará por hundir al PRI –un aliado estratégico de AMLO, para aprobar sus reformas constitucionales–, terminará por catapultar la candidatura presidencial de Colosio Riojas, por exponer la trágica historia de su padre a las actuales generaciones, aún si los resultados de las pesquisas no logran contradecir la tesis del asesino solitario.
De concretarse esta maniobra de parte de la fiscalía, por órdenes presidenciales –la autonomía de la CNDH y FGR son más falsas que un cuento de hadas–, ¿por qué AMLO pretende reabrir el expediente Colosio?
Hay tres opciones a la vista: 1) desprestigiar a la alianza opositora Va x México, de la que el PRI es más un pasivo que un activo (Colosio Riojas señaló que ese partido “ultrajó” a su padre); 2) fragmentar el voto impulsando la candidatura presidencial de Colosio Riojas, para asegurar el triunfo de Morena; 3) apostar por Colosio Riojas, para negociar con una figura opositora menos radical, los términos de la sucesión si Sheinbaum o Ebrard terminan siendo opacados por la rutilante figura del alcalde regiomontano.
Sólo el tiempo dirá si López Obrador decide continuar con esta apuesta de alto riesgo, y si la misma le sirve para catapultar o no a su “corcholata” predilecta, de emprender tal aventura.
