Por: Jorge Alberto Calles Santillana/ Agenda Ciudadana
El Banco Mundial anunció recientemente que México recibirá un ingreso por remesas familiares del orden de los 52 mil 700 millones de dólares durante este año, lo que representa un récord por sexto año consecutivo. De esa manera, nuestro país consolida su posición como principal receptor de remesas de América Latina, al captar el 42 por ciento del total de esos ingresos recibidos por esta región. Con esa cantidad, México reafirma su posición como el tercer país receptor de remesas del mundo, sólo por detrás de India y China.
Celebradas, extrañamente, por los últimos presidentes mexicanos –incluido López Obrador– como indicadores de buen manejo de la economía, las remesas son pensadas como insumos detonadores de prosperidad y desarrollo. Las agencias internacionales han planteado que contribuyen a la reducción de los niveles de pobreza de los países receptores. No es para menos; su monto total, que este año alcanzará nada menos que el 4 por ciento del PIB, conducen a considerarlas de esa manera. Tan fue así, que en años anteriores los gobiernos federales desarrollaron programas tendientes a promover proyectos productivos en algunas de las comunidades del país en las que se registraba mayor ingreso de estas remesas, en razón de los altos registros de migración hacia los Estados Unidos de sus poblaciones. Surgieron, así, programas como “3×1” que consistía en que por cada dólar invertido por los familiares de los migrantes que enviaban remesas, los gobiernos municipales, estatales y federal invertían otros tres para promover inversiones productivas en industrias dinámicas, especialmente en regiones rurales.
No obstante, algunos estudios críticos han demostrado que el optimismo con el que se ha calificado a estos ingresos se debe a que se han considerado, erróneamente, como fuentes de ahorro y no como lo que en realidad son, transferencias salariales. Los migrantes pertenecen a población vulnerable que se ve compelida a abandonar el país en busca de mejores oportunidades de vida y que, mayoritariamente, deja a sus familias en condiciones muy limitadas. Las remesas, de esa manera, no son sino ingresos que permiten solventar el consumo familiar. Si dividimos esos 52 mil millones de dólares entre el número de hogares que los reciben, que según los estudiosos es de 7 millones aproximadamente, da un promedio de 627 dólares mensuales. Esta cifra es equivalente a poco menos de 13 mil pesos, cifra que es significativamente menor a los casi 18 mil pesos mensuales que, según el censo del 2020, recibe en promedio cada hogar en México.
El crecimiento de las remesas debe preocuparnos si lo contextualizamos históricamente. Que hoy, 7 millones de los poco más de 35 millones de hogares que registró el censo del año pasado reciban y dependan, en buen porcentaje, de las remesas, significa que uno de cada cinco hogares mexicanos se encuentra en esa situación. Hace veinte años, en 2000, sólo un millón 300 mil hogares, de los poco más de 22 millones que registró el censo de ese año, dependía de remesas. Esto es, sólo casi un 6 por ciento. El porcentaje casi se ha cuadruplicado en sólo 20 años.
No, los migrantes no son héroes. Son mexicanos que debieron abandonar sus tierras y sus familias para conseguir trabajos que, en promedio, les proporcionan ingresos mensuales de 2 mil 600 dólares que apenas son suficientes para vivir y que deben recortar, en un quince por ciento, para enviarlo a México. Tampoco las remesas son recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de sus receptores; sólo les permiten sobrevivir.
Y no hay razón para celebrarlas en los discursos presidenciales. Su crecimiento y el de las familias que de ellas dependen no son sino evidencias de que nuestros proyectos de desarrollo tienen tanto contradicciones estructurales como fallas de planeación, así como de nuestra mayor dependencia de ellas. Esos crecimientos dejan en claro, también, que son escasas las posibilidades que las remesas proporcionan para corregir el rumbo de nuestra economía, sobre todo cuando, en estos momentos, la administración federal decidió eliminar los programas federales de antaño, como el ya mencionado, el “3×1” que algún efecto positivo tuvieron, así fuera limitado, como lo demuestran algunos trabajos académicos.
