Por: Rocío García Olmedo/ @rgolmedo/ [email protected] / [email protected]
Palabra de mujer
El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, ha cumplido dos años cuatro meses como gobernador sustituto, motivo por el cual el pasado día 14 entregó al Congreso del Estado el tercer informe de gobierno, dando un mensaje ante la representación política del estado que hoy integra la LXI Legislatura.
Nadie puede negar la gran incertidumbre que permeó al inicio de este gobierno. Cinco gobernadores en un periodo muy corto entre diciembre del 2018 y el 1 de agosto del 2019, fecha en que rindió protesta el gobernador.
Dos años cuatro meses de gobierno y la mitad de este tiempo inmerso en una contingencia que, hay que decir, ha tenido mucho mejor manejo que el que le ha dado el gobierno federal, y en un proceso electoral intermedio que modificó la estructura política estatal.
No menciono los desastres naturales porque muchos gobiernos se han enfrentado a ellos durante sus periodos.
Sin dejar de reconocer que ha sido un año difícil, los efectos de la pandemia han visibilizado los enormes faltantes que no sólo se acumulan, sino que también se profundizan entre esos claroscuros de por sí existentes en nuestra entidad poblana.
Por un lado, el rostro de zonas de elevado desarrollo y con servicios; y el otro, donde el rostro de muchas otras regiones es de pobreza, convertida ahora en pobreza extrema y aún sin servicios públicos.
Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que el porcentaje de población en pobreza en Puebla es de 62.4%.
Puebla ocupa el tercer lugar nacional en pobreza.
El rezago educativo alcanza ya a un millón 554 mil personas, que representan 23.2% de la población. También, 773 mil 600 poblanos presentan carencia por acceso a servicios de salud.
El gran pendiente sin duda es la seguridad pública.
Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 mencionan que 63.5% de la población mayor de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy a la entidad federativa, seguido por el desempleo 48.2 % y la salud 39.5%.
El 85.6% de la población señala que es inseguro vivir en la entidad poblana.
¿El gobierno ha considerado atender las causas, atribuibles a las autoridades, señaladas como cifra negra en dicha Encuesta (ENVIPE, 2021) por las que las personas en Puebla no denuncian?
Y en medio de ese gran pendiente de la presente administración gubernamental se encuentra la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.
El estado de Puebla ocupa el lugar 12 a nivel nacional en delitos cometidos contra mujeres.
En el último año, a pesar de la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres declarada para 50 municipios en 2019, los delitos han incrementado.
La Secretaría de Seguridad Pública federal ha declarado que el estado de Puebla ocupa los primeros 10 lugares en los cinco delitos con más incidencia nacional que se cometen contra mujeres: feminicidio, lesiones dolosas, homicidio doloso, violencia familiar y violación.
Esto habla de la urgencia de combatirlos integralmente, ir a las causas, y prevenir y atender, no sólo cuando ya se cometen.
El gobernador, en su informe, señaló: “Hemos elegido el diálogo sobre el conflicto y seguimos siendo garantes de la defensa y el respeto de las personas”.
Este mensaje, que aplica universalmente, debe servir en Puebla para resolver el conflicto que vive desde hace medio año la Universidad de las Américas de Puebla, que si bien su origen es familiar, está causando inestabilidad en nuestra entidad. Está dañando a la comunidad universitaria (trabajadores, academia y estudiantes), y en estos tiempos de crisis económica está dañando también a la del municipio de San Andrés Cholula. Ese diálogo del que habló el Ejecutivo estatal en su informe seguramente servirá para resolver pronto este conflicto que deteriora también la imagen del estado de Puebla.
Con nuevas autoridades municipales y una nueva conformación del Poder Legislativo estatal que convoca a una coordinación de todos los niveles de gobierno y los Poderes estatales, inicia la segunda y última parte de este gobierno.
Seguramente, en el recuento ha iniciado la evaluación de las políticas erráticas que no han dado los resultados planeados, para reformularlas en ruta a revertir los índices negativos que tiene el estado de Puebla y enfrentar los rezagos hechos visibles en el periodo que se ha informado, a efecto de dar viabilidad a los proyectos de este gobierno.
Nadie puede negar que el incremento en la inflación, la polarización que desde el gobierno federal, así como muchas nuevas señales que aparecen y que no deben subestimarse invitan a la búsqueda de consensos desde lo local en todos los rubros, porque los datos no nos favorecen.
El Ejecutivo estatal sabe que se requiere serenidad y oficio político para poder lograr “hacer historia”, y, aun más, para construir ese legado de resultados de gobierno que permita también “hacer futuro” –como lo dice su slogan–, porque, sin duda, Puebla y los poblanos –parafraseando su discurso político en el Congreso– merecemos una entidad más segura, más justa, más humana e impulsora del progreso, para salir de esa “profunda desigualdad” a la que se refirió en su mensaje.
Inicia el cuarto año y con ello la cuenta regresiva de este gobierno.
