Jorge Alberto Calles Santillana
Tomemos a Trump en serio por dos razones, por lo menos. Tiene, aún, altas posibilidades de convertirse en presidente de los Estados Unidos. El efecto Harris sobre el electorado aún no es claro. Ésta es la primera razón. La segunda es que, por grosera que sea su amenaza de cerrar la frontera, debido al empoderamiento del crimen organizado, no deja de ser verdad. Por si su bravuconería no hubiera sido suficiente, su candidato a vicepresidente, J. D. Vance, acusó a México –sin pudor ni timidez– de ser un narco-Estado.
La defensa nacionalista (síndrome de Juan Escutia) resulta inútil por dos razones: Trump no se detendrá si gana la presidencia, por un lado; y, por otro, nos conduce a cerrar los ojos –una vez más–, no asumir responsabilidad sobre nuestra situación y dificultar acuerdos bilaterales para combatir la producción, el trasiego y el consumo del opiáceo.
Desde 2019, el fentanilo se ha convertido en la droga preferida por los cárteles mexicanos. Su producción, además de ser más rentable que otras, incluidas las metanfetaminas, es menos peligrosa y riesgosa; no requiere los químicos que otras sí y es más barata; su transporte implica menos riesgos y es una droga que produce mayor adicción.
El mercado es tan rentable que las disputas por controles territoriales se han recrudecido en los últimos años entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La coyuntura por la que atraviesa actualmente Chiapas debe entenderse en este contexto de reconfiguración estructural. Chiapas, sin duda, es una narco-entidad. No de otra manera puede entenderse tanto la inacción de la Guardia Nacional y del Ejército, como la inaudita recomendación hecha por el presidente desde su tribuna en días pasados. Pedir a los habitantes de las comunidades chiapanecas que no se involucren porque es un “enfrentamiento entre malos” es reconocer que el Estado no tiene ni la intención ni los recursos para defender un territorio que, por mandato constitucional, debería blindar.
Reacciones como ésta fortalecen argumentos como los que maneja Trump, así sea un ser despreciable.
Hay datos que refuerzan la visión del líder republicano. Mientras que las autoridades mexicanas sólo confiscaron entre 2019 y 2023 quince toneladas de fentanilo, las norteamericanas decomisaron, únicamente en 2022, cincuenta.
No hay datos precisos sobre las cantidades producidas y trasegadas, por lo que es difícil señalar qué porcentajes representan estos montos de la producción total; no es descabellado imaginar, sin embargo, que son proporciones bajas.
En reciente declaración, el embajador Ken Salazar –seguidor de las políticas lopezobradoristas– hizo ver que los demócratas comparten la preocupación, si bien no habrán de adoptar medidas tan agresivas.
La sugerencia de atender el desarrollo de la región sureña fronteriza muestra que, para frenar las presiones republicanas, el gobierno mexicano deberá desarrollar políticas que no se constriñan al asistencialismo y tomar en serio su papel de garantes de la seguridad y la paz.
No deja de llamar la atención la respuesta de la virtual presidenta. Ciertamente, la defensa de la soberanía era necesaria. Pero negar la capacidad del crimen organizado para someter a la Presidencia, como foco de la respuesta, no resulta muy alentador.
Por una parte, parece sugerir que la estrategia de seguridad no sufrirá modificaciones relevantes. Por otra, no menos importante, evita asumir el problema en su realidad.
La presencia de los cárteles en la vida del país es un hecho, así como su participación en el mercado de drogas norteamericano. Reconocerlo exige reconocer el fenómeno como problema de ambos países y no solamente de México.
Claudia debería haber aprovechado para indicar que una vez que asuma la presidencia se encargará de promover una estrategia de seguridad que involucre a las autoridades de ambos países –como acertadamente han sugerido analistas académicos y políticos– y que contemple abatir el trasiego de drogas desde una perspectiva integral y global.
Dejó Claudia Sheinbaum escapar la oportunidad porque, habrá que reconocer, las afirmaciones de la dupla norteamericana perseguían presionarla.
Con todo, Claudia tendrá, por lo menos, cuatro meses y medio para replantear la política de seguridad de manera inteligente. Deberá evitar que las fronteras se le conviertan en problemas irresolubles que terminen por hacer fracasar su presidencia y hundir al país en el caos.
El reto está en definir claramente la función de la Secretaría de Seguridad y su líder, Omar García Harfuch. Dicho sea de paso, la eliminación de Milton Morales es un claro mensaje del crimen tanto para Claudia como para Omar.
Tomemos, pues, en serio a Trump. Urge repensar nuestra estrategia de seguridad.
