Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt
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H abían transcurrido siete meses sin que se presentara otro atentado mortal en contra de un alcalde en el país; el último caso había sido el de Manuel Aguilar García, de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. La ola de asesinatos contra los presidentes municipales parecía haber alcanzado un punto de inflexión, hasta que el pasado martes un comando armado le arrebatara la vida a Benjamín López Palacios, alcalde de Xoxocotla, Morelos; con él suman 91 los alcaldes y alcaldesas que han perdido la vida en hechos de violencia en lo que va del presente siglo, 14 de ellos durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, cifra 75% mayor a la observada en la primera mitad del gobierno de Felipe Calderón.
No es para nada una señal alentadora. Menos aun cuando la sombra de la narcopolítica se cierne en esta nueva ejecución. Hay un doble contexto que la antecede:
- Crisis post-electoral. Xoxocotla es un municipio indígena constituido en 2017, en la gestión de Graco Ramírez, que eligió a su primer presidente municipal por el sistema de usos y costumbres, en los comicios del 6 de junio de 2021. En esa elección resultó electo Juan López Palacios –hermano del alcalde asesinado hace unos días–, quien no pudo recibir su constancia de mayoría debido a que falleció por un infarto, seis días después de su triunfo en las urnas.
Antes de morir, Juan López había manifestado que el Consejo Municipal Electoral le había condicionado la entrega de su constancia, a cambio de ceder regidurías a la planilla contraria. Tras su fallecimiento, el candidato suplente de su fórmula no fue reconocido como alcalde sustituto por la asamblea comunitaria, y esta convocó a una nueva elección, celebrada en octubre de ese mismo año, en la que resultó vencedor su hermano, Benjamín López Palacios.
Luego de diversas impugnaciones del suplente de Juan López Palacios y de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fallara a su favor en una primera sentencia –el municipio tuvo por más de seis meses a dos alcaldes electos–, los magistrados terminarían por validar la segunda elección y Benjamín López Palacios se convertiría así en el primer alcalde electo que tomaba posesión del cargo, en el que sólo duro 10 días, antes de que le quitaran la vida.
- Presuntos vínculos del gobernador de Morelos con el CJNG. Tras el homicidio del alcalde de Xoxocotla, apareció una narcomanta en Puente de Ixtla –municipio del cual se desprendió Xoxocotla–, en la que presuntamente el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se adjudicó el crimen y amenazó al gobernador Cuauhtémoc Blanco con dejarlo sin alcaldes por desconocer acuerdos, luego de que a principios de enero, se difundieran un par de fotografías en las que el mandatario estatal aparecía al lado de integrantes de esa organización delictiva.
Xoxocotla (antigua comunidad de Puente de Ixtla) es un punto nodal que conecta un corredor carretero que parte del puerto de Acapulco, por el que ingresan precursores químicos procedentes de China, para la fabricación de drogas sintéticas, como el fentanilo, y continua por Ciudad de México hasta llegar a la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, empleada para traficar estupefacientes hacia Estados Unidos.
Tal es la importancia geopolítica de Xoxocotla, que el gobernador de Morelos inauguró allí, en 2021, obras de iluminación y reencarpetamiento asfáltico, en el tramo de la carretera federal Alpuyeca-Jojutla que lo atraviesa, el cual conecta a su vez con la capital de Puebla –lugar en el que fue detenido el líder de plaza del CJNG en Morelos, apodado “el Ray”, por elementos de la Policía Federal en 2019, pero ultimado más tarde en un penal de Morelos, quien apareció en dos fotografías al lado del gobernador Blanco Bravo– y con la vía que conduce al estratégico puerto de Veracruz, disputado por la misma agrupación criminal.
¿Por qué el gobierno de Graco Ramírez desprendió a la comunidad de Xoxocotla, de Puente de Ixtla, para crear otro municipio? La razón era darle autonomía política a su población indígena, y dejar fuera a los partidos políticos en la elección de sus autoridades. Pero podría haber un motivo político adicional: impedir que Morena –quién arrasó en las elecciones a alcaldes en 2018 y 2021, incluyendo en Puente de Ixtla (anteriormente gobernado por el PRI), se apoderara de ese nodo carretero, vital para las operaciones del CJNG, que mediante narcomantas y videos ha señalado a gobiernos de Morena de sostener pactos con sus rivales del Cártel de Sinaloa.
La seguridad de los funcionarios electos y designados, tanto estatales y municipales de Morelos, se encuentra en alerta máxima, por el grado de podredumbre que exponen los infaustos e insostenibles acuerdos establecidos entre el poder político y el poder criminal en la entidad.
No puede haber democracia con alcaldes bajo fuego, pero tampoco con autoridades que representen a la delincuencia y no a la ciudadanía; y menos con la actual estrategia de seguridad del presidente, que en lugar de someter ante la justicia a los malhechores, decide abrazarlos y pactar con ellos –o “tomarse la foto” con los mismos–. Adoptar la política de “abrazos no balazos”, significa apostar por el narcoestado en México y su pulverización política.
