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¿Votar o no votar en la consulta? Ese es el dilema

Crónica Puebla por Crónica Puebla
23 julio, 2021
en Opinión
El naufragio de la reelección

PUEBLA, Pue. 24 Febrero 2019.- Se realiza con calma y mucha participación las elecciones de la Junta Auxiliar de San Aparicio al norte de la ciudad de Puebla. //Agencia Enfoque//

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Por: Ramsés Ancira/ @ramsesancira
Historias para armar la Historia

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”?

La pregunta de la consulta del 1 de agosto de 2021 es en sí misma una aberración jurídi­ca y contra el más elemental sentido común. A pesar de todo, hay otros factores que deben ser tomados en cuenta. Pero primero lo primero.

“Con apego al marco constitucional y le­gal”. ¿Acaso hay de otro marco que pueda emplear el Estado? Está bien, concedamos, ni el asesinato de Francisco Javier Ovando ni el de Colosio, ni el del cardenal Posadas, ni el de Francisco Ruiz Massieu, ni los de Aguas Blan­cas, El Charco o Acteal, solo por mencionar unos pocos entre cientos de casos, fueron or­denados en el marco constitucional o legal, aunque todos tuvieron la participación de go­biernos locales o federales.

“Emprender un proceso de esclarecimien­to de las decisiones políticas” Ah chin… “de­cisiones políticas”, ¿eso es lo que importa? ¿Y si mejor esclarecemos los crímenes políticos, en lugar de las decisiones políticas?. Digo, pa­ra analizar decisiones sobran investigadores en las universidades, quienes no le tienen que pedir permiso a nadie para hacer su trabajo.

Si quieren usar en algo útil los 500 millo­nes de pesos de la consulta, mejor que los em­pleen en limpiar el estercolero del sistema ju­dicial mexicano, o que contraten penalistas y no recomendados sin experiencia en el Insti­tuto Federal de Defensoría Pública, basados en su orientación sexual y no en los cursos de for­mación que debieron tomar.

Recuerdo el trabajo en el que participé en la Asamblea Legislativa para que se aprobara la Ley de Sociedades de Convivencia. Se tra­taba de que cualquiera que fuera la forma en que estuviera integrada la pareja, sea por dos hombres, dos mujeres, (o cualquier definición que prefiera la comunidad LGBTTTIQ) pudie­ran heredarse entre sí, dejar sus pensiones a la pareja en caso de fallecimiento, o juntar sus créditos para comprar una casa, por ejemplo; pero ahora resulta que en la Defensoría se rea­liza una discriminación sexual a la inversa, los heterosexuales, según afirman varios aboga­dos despedidos, tienen menos oportunidad de que les den trabajo, sin importar sus especiali­dades o experiencia como penalistas.

“…Encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. ¿Solamente “encaminado”? ¿y para qué le dan tanta vuel­ta al camino? Hay cientos de víctimas, que no son posibles, sino plenamente confirmadas, a las que no se les quiere hacer justicia en la 4T, donde al igual que con Salinas, Calderón o Pe­ña Nieto, la “justicia” es muy selectiva.

Y una especial mención merece para mí el capitán Vladimir Ilich Malagón, quien lleva más de 10 años de prisión, por el delito de de­fender los trabajos de inteligencia militar que le exigía revelar el escolta del ex secretario del Trabajo con Calderón, Javier Lozano Alarcón. Ilich salvó de la muerte a docenas o quizá cen­tenares de sus compañeros, que hubieran sido cazados por el crimen organizado si se revela­ba en dónde harían operativos.

O los directores de reclusorios federales, o incluso de algún comisionado nacional de se­guridad, que fueron señalados por ordenar, o al menos permitir actos de tortura. Como ha­cía con los sacerdotes pederastas la iglesia ca­tólica en México, antes de que llegara a po­ner orden el nuncio Franco Coppola, que so­lo los cambiaban de parroquia, a los cómpli­ces de estos suplicios medievales solo les cam­biaban de cárcel.

A propósito de torturas medievales, en una entrevista reciente de Los Ángeles PressMX, el abogado Gerardo Manrique, coautor, con Miguel Sarré, del libro Sistema de Justicia de Ejecución Penal nos recordaba que, a diferen­cia de los tormentos en la Santa Inquisición, ahora es muy fácil que no quede huella, que no y que no, con procedimientos como usar toques eléctricos, ahogar con bolsas o sumer­giendo las cabezas de las víctimas en aguas relativamente profundas, como las de excu­sados o barriles.

Por cierto, Manrique fue despedido de la Defensoría Pública Federal, después de pri­varlo ilegalmente de la libertad para exigirle que entregara su credencial y se fuera sin re­clamar la indemnización que podría corres­ponderle ¿Por qué lo corrieron? Porque a dife­rencia de su ex jefe, Netzaí Sandoval, él sí sa­be de derecho penal y para colmo es un escri­tor al que acuden frecuentemente los tribu­nales y universidades para pedirle conferen­cias sobre el tema.

Ahora bien, reconozcamos que es una mal­dita costumbre de la administración pública correr a todas las personas, aunque tengan mucha experiencia, para traer adeptos, aun­que sean ineptos. El problema es que esta vez, al correr a docenas de abogadas y abogados que conocían perfectamente dónde se encon­traba un dato, en tomos de miles de hojas, de­jaron en estado de indefensión a miles de per­sonas a las que representaban.

Y no hablamos de memoria. Se dio el caso de una abogada recién contratada por Netzaí que, al acudir a una audiencia, prácticamen­te se quedó muda y casi al borde de las lágri­mas confesó que era incapaz, pues nunca es­tudió el sistema de juicios orales.

BITÁCORA SUPLEMENTARIA

Ya que hablamos del tema del juicio a expre­sidentes, que no será juicio, sino consulta que se llevará el viento, ¿quién responderá por el asesinato de más de 300 migrantes en las dos masacres de San Fernando? 72 víctimas en la madrugada del 22 al 23 de agosto de 2010; y al menos otras 193 encontradas en fosas clan­destinas a partir de abril del 2011.

El presidente era Felipe Calderón, y la direc­tora del Instituto Nacional de Migración Ceci­lia Romero Castillo, quien fue también presi­denta del Partido Acción Nacional. El castigo no debería ser por sus “decisiones políticas”, sino por negligencia criminal ¿no cree usted?

Los detalles del crimen no podrán ser in­cluidos en la videocolumna que acompaña semanalmente a esta historia para armar la Historia, porque no son aptos para menores ni para ninguna persona sensible, por lo que, si cree que se sentirá afectado, mejor interrumpa aquí la lectura. Dejamos por tanto un espacio.

Los Zetas, según coincidieron varios tras­cendidos, organizaron una especie de circo romano. Invitaban a los hombres a unirse a su organización. La fórmula consistía en dar­les marros para que pelearan entre sí. El pre­mio para el sobreviviente sería un contrato pa­ra convertirse en sicario. Algunos se negaron desde el principio; los acribillaron a balazos. A las mujeres las violaron y a los niños que lle­vaban en brazos los disolvieron en barriles de ácido. De esto hay aún más detalles terribles, pero ya no es necesario precisar.

Después de esto, gentiles lectores, ¿para que cara…mbas cree que sirva esta consulta de propaganda? Si en la 4T quieren hacer jus­ticia, les sobran casos que investigar.

Aun así, estamos en nuestro derecho de participar, primero porque de todas maneras se van a quemar 500 millones de pesos en es­te simulacro de democracia y, también, solo por llevarles la contra a príncipes y princesas de “sangre azul”, cuyo único e insustancial ar­gumento es que este gobierno nos quiere lle­var a la “dictadura comunista.”

Etiquetas: Consulta Popularjuicio expresidentesMéxico

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