En torno a la polémica y confusión que ha generado la nueva Ley de Educación en el Estado de Puebla, es necesario aclarar que el Congreso local sólo cumplió con el mandato constitucional que obliga a todos los estados a armonizar su legislación de acuerdo a la Ley General del Educación vigente, la cual fue aprobada en septiembre del año pasado. 
El diputado Juan Pablo Kuri Carballo subrayó que, para poner en contexto lo que se aprobó en Puebla, es preciso mencionar que el Congreso de la Unión hizo modificaciones al Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la educación, lo que derivó en una Nueva Ley General de Educación en el país.
De esta forma, todas las entidades federativas están obligadas a actualizar su marco normativo en materia educativa, por lo que el gobernador envió la iniciativa por la que se reformó la ley de Educación de Puebla.
Sin embargo, es preciso mencionar que los legisladores, como un servidor, aprobamos dicha ley exclusivamente para armonizar y actualizar, ya que no se hicieron modificaciones esenciales, como se ha dicho equivocadamente.
El tema ha causado inquietud, por lo que es importante aclarar que es falso que se pretenda controlar la educación con fines ideológicos o políticos.
Una de los temas que ha causado polémica y confusión, por ejemplo, son los rumores sobre que con esta reforma se preparó el terreno para expropiar bienes, lo cual está lejos de la realidad, pues ni si siquiera se menciona ese asunto en la nueva legislación.
Para precisar y aclarar las dudas existentes, lo que se aprobó fue textual el artículo 99 de la ley general de educación, correspondiente al artículo 105 de la legislación local, cambiando únicamente «sistema educativo nacional por sistema educativo estatal».
Respecto a las facultades de vigilancia que tiene el gobierno estatal sobre la educación, tampoco es algo nuevo, sino un ajuste sustancial, ya que el artículo 146 de la legislación local que fue aprobado es idéntico al artículo 151 de la ley general de educación. «Entonces, sólo actualizamos una norma vigente obligatoria».
«En este sentido como legisladores cumplimos con nuestra obligación de armonizar la legislación local con la federal, no pretendemos afectar a los colegios privados, nada de eso dice la iniciativa».
«Con la nueva ley tampoco se limitada la libertad de los padres a decidir en qué escuela educar a sus hijos».
«Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene la ley de educación de Puebla?».
Que el Estado ya cuenta con una ley local actualizada y armonizada que se deberá cumplir por mandato constitucional.
«Se ha caído en la polémica, en la desinformación y la politización del tema, pero reitero, no hay nada de expropiación, nada de regular y establecer tarifas».
«La Secretaría de Educación Pública no puede ni va a establecer las colegiaturas, los pagos, las cuotas, no le corresponde. En caso de encontrar anomalías, se canalizará el asunto a una autoridad competente».
«La autoridad adecuada será la Profeco, que mediará entre el prestador del servicio y el receptor. Tampoco la Procuraduría es la instancia para fijar los costos en las escuelas privadas».
Kuri alertó que hay interesados en confundir y descalificar, pero los invitó a leer e informarse.
