Por: Diana López Silva
Los gobiernos, legislaturas y organismos electorales tienen el reto de velar porque la pandemia del COVID-19 no afecte los derechos políticos de las personas, alertó Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Invitada por el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) a dictar una conferencia online sobre «Inclusión Electoral de Grupos en Situación de Vulnerabilidad en Tiempos de Pandemia«, la experta mencionó una serie de retos para la realización de los próximos comicios en México.
Muñoz-Pogossian aclaró que ningún proceso electoral es a «riesgo cero», porque conllevan mucha movilización, tanto de ciudadanos que acuden a votar, como de actividades comerciales, lo que representa mayor riesgo de contagio.
Señaló que las autoridades tienen diferentes retos para realizar elecciones inclusivas, limpias y competitivas, pero, a partir de este año se suman otras responsabilidades, como garantizar un registro inclusivo.
Dio algunas ideas que deberán tomar en cuenta los órganos electorales, para no afectar los derechos políticos de las personas en confinamiento, como el uso de unidades móviles que lleven la oportunidad de votar a quienes no se pueden acercar.
Mencionó que, además de que la capacitación a funcionarios de casilla tendrá que ser a través de medios digitales para evitar contagios, también las mesas de votación deberán estar integradas por personas que no estén dentro de la población de mayor riesgo, además de contar con kits de seguridad que tengan pañuelos desinfectantes y gel antibacterial.
Destacó que «estas nuevas formas van a requerir, sí o sí, de acuerdos políticos», ya que se necesita de respuesta legislativa para adaptar los procedimientos, presupuestos acordes a las nuevas necesidades y tomar en cuenta los costos adicionales para los órganos electorales.
