El gobierno de Estados Unidos avanzó el viernes para revivir una normativa impuesta por el exmandatario Donald Trump que ordenaba la expulsión de familias migrantes atrapadas cruzando la frontera con México en medio de la pandemia de Covid-19, un día después de que un juez estadounidense la bloqueó.
El Departamento de Justicia presentó una apelación al fallo del jueves del juez de distrito Emmet Sullivan ante un tribunal con sede en Washington. Sullivan dijo que la ley de salud pública en la que se basa, el Título 42, no autoriza la expulsión de migrantes.
El presidente Joe Biden se ha enfrentado a una creciente presión de algunos expertos en salud, defensores de la inmigración y compañeros demócratas para dejar de aplicar la orden del Título 42, que básicamente ha cortado el acceso al asilo para cientos de miles de migrantes.
El gobierno de Biden ha dicho que la política del Título 42 sigue siendo necesaria para limitar la propagación del coronavirus, aunque no ha proporcionado datos científicos para respaldar esa justificación y muchos expertos en salud pública se han opuesto.
La apelación del viernes ante la Corte de Apelaciones Para el Circuito de D.C. involucró una demanda de grupos de defensa, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Oxfam América.
Noah Gottschalk, líder de política global de Oxfam, dijo que el grupo confiaba en que se mantendría la decisión del juez.
“Es extremadamente decepcionante que la administración Biden esté dispuesta a luchar con uñas y dientes para defender las políticas de inmigración xenófobas del presidente Trump”, dijo Gottschalk en un comunicado.
El gobierno de Trump adoptó por primera vez la política de expulsión en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19. El presidente republicano puso en práctica políticas estrictas sobre la inmigración legal e ilegal antes de que golpeara el coronavirus.
En febrero, Biden eximió de la política a los niños no acompañados, y su gobierno la había estado aplicando a menos familias detenidas en la frontera.
La orden del juez solo se aplica a las familias y no a los adultos solteros, que representan a la mayoría de los migrantes detenidos en la frontera. (Con información de Agencias)
