Diana López Silva
Desde desfalco al erario hasta “lavado” de dinero hay detrás de empresas factureras, con un andamiaje de operaciones simuladas difícil de comprobar, por lo que se requiere voluntad política para perseguir estos delitos.
Esa es la opinión de Anselmo Chávez Capó, académico de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP.
Antier, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó investigaciones a 21 administraciones municipales que incluyeron factureras como presuntas proveedoras de productos y servicios que, en realidad, fueron operaciones simuladas con cargo al erario de 42.4 millones de pesos en San Andrés Cholula en la alcaldía de Leoncio Paisano y 12.7 millones durante la gestión de Manuel Madero en Izúcar de Matamoros.
Chávez Capó explica que transacciones simuladas y compras ficticias ocurren principalmente en compra-venta al mayoreo y en el sector de la construcción; y hay un rubro intangible, servicios profesionales, empleado en “la estafa maestra”.
“Alguien recibía una factura, decía que estaba realizando una investigación o una actividad relacionada con universidades, jalaba los recursos; al final, la empresa compraba facturas a otra suya y reducía el monto de impuestos; en cadena, las compañías iban pasándose sus gastos-ingresos”.
En el caso de los gobiernos municipales, no hay obras ni beneficios para los ciudadanos.
“La parte más importante es la voluntad gubernamental con estas situaciones” para castigar estos delitos.
Fernando Treviño Núñez, líder de la Coparmex en Puebla, considera que la ley debe aplicarse contra empresas que evaden impuestos y lavar dinero, pero se requiere acabar con los contubernios con autoridades que protegen los fraudes.
“Hacen cadenas: constituyen 10, 20 empresas, una le factura a la otra, a la otra, hasta llegar a la última, perdida en el espacio, con domicilio en algún pueblito; y se arreglan con gobierno, con Hacienda, y desaparecen”.
La clave, aseguró, es demostrar y castigar.
